A pocos días de que termine la segunda semana de la COP29, en Bakú, Azerbaiyán, más de 190 mil residentes del departamento de Chocó, en Colombia, siguen contabilizando los daños ocasionados por las lluvias del pasado 10 de noviembre, que dejaron al 80% de su territorio bajo el agua.
La gobernadora Nubia Córdoba-Curí aseguró, por medio de la red social X, que “el volumen de la emergencia ha superado por completo la capacidad de atención de los municipios y autoridades locales”. Ante la situación, el presidente Gustavo Petro declaró situación de desastre en el país, también por las afectaciones causadas por el clima en La Guajira y Bogotá.
La plata que se necesita para atender a las familias damnificadas por los desastres climáticos que se han presentado en las últimas semanas en Colombia, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), son COP $700.000 millones (US $159 millones).
La cifra recuerda la importancia de lo que está en juego en las horas finales de la COP29. Aunque en la segunda semana se ha hablado de una aceleración en las negociaciones, debido a la llegada de decenas de ministros a liderar a sus delegaciones, las cosas no marchan bien.
Este jueves, sobre la 1:00 p.m., hora local (4:00 a.m., hora de Colombia), varios países manifestaron su preocupación por el poco avance en las discusiones sobre la nueva meta global de financiamiento (NCQG, en la sigla en inglés, que es el valor que debe ser acordado para apoyar a los países en desarrollo en el enfrentamiento de la crisis climática). Se pasó de un texto de 35 páginas, a uno de nueve, pero todavía no hay una cifra sobre la mesa. No hay consenso sobre si el valor estará en el rango de miles de millones o billones de dólares, y ambas posibilidades aparecen en el nuevo texto. “No deberíamos irnos de Bakú sin una cifra”, señaló el delegado de Uganda, en representación del grupo amplio de países en desarrollo (G77+China), que incluye a Colombia.
Hasta el momento, ni siquiera hay certeza de que el costo previsto para pérdidas y daños, para situaciones como la que pasó en Colombia, se incluirá en la nueva meta de financiamiento (NCQG, por su sigla en inglés). Sigue abierta la posibilidad de que el dinero esté en un fondo específico que podría ser voluntario.
La creación de un fondo internacional para atender las pérdidas y daños que se ocasionan por desastres relacionados con la crisis climática se aprobó durante la COP28, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es que los países puedan acceder a recursos en momentos de emergencia, pero el fondo no ha empezado a funcionar formalmente y su futuro sigue incierto casi al final de las negociaciones de la COP29.
Lo que está en juego en la COP29
“Ahora vemos los desastres como algo normal, cotidiano, cuando, hace una década, ni siquiera las veíamos como probables”, señala Adrián Martínez Blanco, fundador de la ONG Ruta del Clima, que ha seguido durante varios años las cumbres de cambio climático.
Martínez explica que en las discusiones sobre pérdidas y daños se enfrentan “dos ideas fundamentales”: la primera defiende que los aportes de los países desarrollados para enfrentar esta problemática deberían ser voluntarios, tal como funciona en el fondo que fue aprobado hace un año; la segunda asegura que los países desarrollados, al ser responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático, tienen responsabilidad sobre los desastres relacionados con este, por lo que sus aportes deberían ser obligatorios.
“Es un tema de justicia, no de caridad”, como lo resume Illari Aragón, directora de Políticas de Justicia Climática en Christian Aid, una organización que hace incidencia en las negociaciones de la COP29.
Colombia, según confirma a Climate Tracker la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, están pidiendo que se incluyan las pérdidas y daños dentro de la nueva meta global de financiamiento, la discusión principal de la COP29. Esa posibilidad hace parte del texto con el que las delegaciones de los países están negociando. El bloque de países en desarrollo más grande de las negociaciones (el G77+China) también “quiere que se incluya”, asegura Aragón. Sin embargo, hay delegaciones que creen que las pérdidas y daños deberían mantenerse como un fondo voluntario.
Frente a esto, Susan Otieno, observadora de las negociaciones por parte de la ONG Action Aid International Kenya, argumenta que “al ser voluntario, no se tiene control sobre cuál va a ser el tipo de financiamiento que va a llegar a ese fondo, podrían ser desde préstamos con intereses hasta donaciones. Además, los países que son responsables del cambio climático, y que deberían brindar estos recursos, no se van a sentir obligados a hacerlo”.
La otra discusión en medio de las negociaciones es cómo se va a priorizar quién recibe los recursos para atender pérdidas y daños. Una de las propuestas es que se defina un mínimo de recursos que deben destinarse a esto para los países menos desarrollados y aquellos que quedan en pequeñas islas, que se consideran los más vulnerables frente al cambio climático. Esto excluiría a América Latina del acceso prioritario a esos recursos, algo con lo que Colombia no está de acuerdo.
Aunque reconoce que estos países pueden tener una gran vulnerabilidad, Muhamad resalta que “también hay poblaciones en nuestros países (de América Latina) con circunstancias especiales. Por ejemplo, lo que está pasando en Chocó. Entonces, la estrategia de dividirnos alrededor de cómo distribuir esas finanzas es una trampa en la que no deberíamos caer”.
A Martínez le preocupa que, “al no haber avances significativos, las comunidades seguirán sufriendo. Si esto sigue así, vamos a llegar a un punto en el que las negociaciones serán irrelevantes porque ya no habrá comunidades que proteger”.
Recuperarse de un desastre climático
Además de Colombia, en Costa Rica también se declaró emergencia nacional la semana pasada por la tormenta tropical Sara, por la que más de 3.000 personas tuvieron que dejar sus hogares en la costa Pacífica de ese país. También, hace menos de un mes, el fenómeno meteorológico DANA impactó a Valencia, España, causando la muerte de más de 200 personas, inundaciones y daños en gran parte de la ciudad.
En este año también hubo incendios y una sequía en la Amazonía; el paso del huracán Milton en Florida, Estados Unidos; e inundaciones en Nepal, Pakistán y Europa Central. Cada vez que ocurre un evento así, es necesario reconstruir viviendas, escuelas y vías, además de revisar las pérdidas de cosechas y alimentos. Un estudio, publicado en junio en la revista Nature reviews earth & environment, estima que para 2025 el costo anual de las pérdidas y daños relacionados con eventos climáticos será cercano a los US $400.000 millones. Los países de menores ingresos, como los de América Latina y el Caribe, tienen menos capacidades para pagar por esos costos.
“También, hay que pensar en las cosas que no podemos calcular”, advierte Aragón. Por ejemplo, no se puede estimar el costo de las vidas que se pierden después de una tragedia, el de un ecosistema tras un incendio forestal o el impacto que tendrá en una comunidad rural quedarse sin escuela.
En el caso de Colombia, la UNGRD tuvo que solicitar al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal, pues no cuenta con los recursos para atender la emergencia en Chocó. En estos casos, dice Martínez, “las comunidades necesitan soluciones inmediatas. Necesitan el dinero para comprar el colchón que se mojó, para reponer los uniformes escolares de los niños, para llenar la alacena esta semana”.
En 2023, la aprobación para poner en marcha el fondo de pérdidas y daños en Dubái “generó mucha expectativa por las promesas de financiamiento que hicieron varios países”. Durante la COP29, se han anunciado aportes de US $39 millones, que vendrán de Australia (US $33 millones), Nueva Zelanda (US $6 millones), Suecia (US $ 18 millones) y otros. Con esto, el fondo ha reunido cerca de US $800 millones, el 0,2 % de lo que se necesitaría para atender los desastres climáticos en 2025.
