“La Guajira podría ser la capital del hidrógeno verde”, dijo el presidente Gustavo Petro en 2024 durante un discurso en esta región del Caribe colombiano. Con esta declaración, el mandatario no solo puso sobre la mesa una ambiciosa apuesta gubernamental, sino que también abrió un debate sobre las implicaciones de convertir a este departamento en un epicentro global de la producción de este vector energético.
El hidrógeno verde ha emergido como una de las soluciones más prometedoras para descarbonizar sectores difíciles de electrificar. Sin embargo, su producción en La Guajira, una región que ha despertado interés por su potencial eólico y solar pero que enfrenta profundos problemas sociales, plantea interrogantes sobre la viabilidad e impactos de estos proyectos en el departamento.
Una apuesta de Gobierno
«El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, pero no le gusta andar solo. Se encuentra en compuestos como el agua o los hidrocarburos, y cuando logramos separarlo, tiene un alto potencial energético», explica Andrés Almonacid, consultor en energías renovables. Para obtener hidrógeno puro, es necesario separarlo de estos compuestos a través de diferentes procesos.
El hidrógeno verde se obtiene mediante electrólisis del agua, un proceso que utiliza electricidad para dividir las moléculas de agua en sus dos componentes: hidrógeno y oxígeno. Si la electricidad proviene de fuentes de energía renovable se considera «verde» porque su generación no emite gases de efecto invernadero. En ese sentido, para Almonacid el hidrógeno generado mediante electrólisis “tendrá un importantísimo papel al permitir incorporar grandes cantidades del excedente de electricidad renovable dentro de las metas de descarbonización del mundo”.
Según la International Energy Agency, la producción de hidrógeno alcanzó los 97 millones de toneladas en 2023, de los cuales menos del 1% correspondió a hidrógeno de bajas emisiones. Asimismo, señala que en América Latina y el Caribe, el desarrollo sigue siendo incipiente: aunque la región podría producir más de 7 millones de toneladas anuales para 2030, solo el 0,1% de los proyectos ha avanzado a inversión, construcción u operación. Además, el alto costo del capital y la necesidad de aumentar en 140% la capacidad renovable complican su viabilidad.
En ese contexto, la Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia plantea que el país aspira a convertirse en un referente en la economía global y competir en los mercados internacionales del hidrógeno de bajas emisiones para alcanzar en el largo plazo “un potencial exportador equiparable en ingresos a sus actuales exportaciones de carbón (más de 5 billones de dólares)”.
Poco después del lanzamiento de esta hoja de ruta, nació la Cámara de Hidrógeno de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI – Naturgas. “Cuando estuvimos haciendo un análisis de competitividad, resultó que Colombia es uno de los países más competitivos en el mundo para producir hidrógeno de manera limpia. Ahí fue mucho más interesante el negocio”, explica Karen Peralta, su directora ejecutiva.
Sin embargo, algunos cuestionan la narrativa en torno al hidrógeno verde. Para Joanna Barney, directora del área de empresas, derechos humanos y medio ambiente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se trata de una burbuja especulativa y peligrosa, en la que se está prestando poca atención a la reducción real de emisiones y a las implicaciones sociales y ambientales de estos proyectos. “Lo mismo ocurre en Chile y Brasil: cada país dice que será la capital del hidrógeno. Es como si a todos nos contaran el mismo cuento, y aquí empezamos a construir infraestructura, impulsar investigaciones y movilizar al Gobierno», explica.
En el ojo de los negocios verdes
Quienes impulsan el negocio del hidrógeno verde en Colombia parecen estar de acuerdo en que La Guajira se perfila como el lugar ideal para su producción. “La Guajira es uno de los mejores puntos en el mundo para producir energía. La presencia de viento y de sol hacen que empiecen a verse las mejores rentabilidades del mundo para esta clase de proyectos”, afirmó Juan Sebastián Poveda, director para Latinoamérica de la multinacional alemana de energía renovable Viridi Re.
Según la Hoja de Ruta del Hidrógeno en Colombia, La Guajira tiene un gran potencial para generar energía a partir del viento y el sol. Puede producir al menos 25 gigavatios (GW) de energía eólica en tierra y 45 GW de energía solar. Sus vientos son el doble de fuertes que el promedio mundial, con una velocidad de 9 metros por segundo a 80 metros de altura. Además, recibe 60% más radiación solar que la media global, con luz constante durante todo el año.
Asimismo, de acuerdo con un estudio técnico y económico de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), La Guajira tiene el costo más bajo para producir hidrógeno en Colombia. En 2022, el precio era de 2,58 dólares por kilogramo con energía eólica y 5,51 dólares por kilogramo con energía solar fotovoltaica y estiman que para 2050, estos costos bajen a 0,96 y 0,76 dólares por kilogramo, respectivamente.
Sin embargo, el mismo estudio señala que hay varios aspectos sociales y ambientales a considerar. Por ejemplo, que las comunidades indígenas han manifestado su rechazo a los proyectos de energías renovables o que en el departamento, más de la mitad de los habitantes no tienen acceso a acueducto, y solo 6 de los 15 municipios cuentan con agua potable. También se señalan impactos como la alteración de rutas migratorias de aves, la gestión de la salmuera de la desalinización y el deterioro de los ecosistemas marinos por nuevos puertos.
No obstante, Mónica Gasca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hidrógeno, afirmó en una entrevista que, aún con las “complejidades sociales”, es imprescindible “habilitar” el departamento de La Guajira para acelerar la transición energética y aprovechar su potencial en la producción de hidrógeno.
Agua, hidrógeno y sed
Detrás de la narrativa de esperanza energética que ha traído consigo el hidrógeno verde, existen interrogantes cruciales sobre el agua, pues se estima que por cada tonelada de hidrógeno producido se necesitan hasta 10.000 m³ de agua. Esto se debe a que en el proceso de electrólisis se requieren aproximadamente 9 litros de agua para generar 1 kg de hidrógeno. Además, este cálculo puede aumentar al considerar pérdidas y procesos industriales adicionales. Sin embargo, de acuerdo con la International Energy Agency, alrededor del 40% de los proyectos de producción de hidrógeno con bajas emisiones planificados se encuentran en regiones con escasez de agua.
En ese sentido, la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa del Ministerio de Minas y Energía señala que ningún proyecto de producción de hidrógeno verde “podrá instalarse en lugares donde el agua debe satisfacer usos vitales antes que industriales”.
La paradoja en La Guajira es clara: mientras el territorio se perfila como epicentro de la producción de hidrógeno, sus habitantes, especialmente el pueblo Wayúu, han padecido históricamente la falta de acceso al agua potable. Esta crisis de derechos fundamentales alcanzó tal magnitud que en 2017, mediante la Sentencia T-302, la Corte Constitucional reconoció la vulneración sistemática de derechos y declaró un estado de cosas inconstitucional, exigiendo medidas concretas para garantizar el acceso al agua en la región, entre otras
Sin embargo, según Cesar Arismendi de la veeduría ciudadana para la implementación de esta sentencia, esta política pública no se ha estructurado de manera definitiva y el estado de cosas inconstitucional sigue vigente. “Hasta la fecha solo se ha identificado una estrategia de construcción de pilas públicas [mecanismo provisional para el suministro de agua potable o para prestar el servicio de acueducto] y solo 4 de las 21 contratadas se encuentran en funcionamiento, aunque la sostenibilidad del suministro no está asegurada”, explica en un artículo. Asimismo, la Defensoría del Pueblo pidió en 2024 declarar desacato de las órdenes emitidas en esta sentencia.
En ese contexto, para las empresas y el Gobierno Nacional, la desalinización es presentada como una solución para la producción de hidrógeno verde. “Esperamos que desde el Ministerio de Ambiente se solicite que, en los puntos de producción como La Guajira, se desalinice agua marina y se destine una parte de ella para la población”, afirma Juan Zapata, asesor de hidrógeno del Ministerio de Minas y Energía. Por su parte, Carolina Obando, gerente en Colombia de Viridi Re, señaló en un transmisión en vivo que “la desalinización es una oportunidad para que el agua potable se genere en la zona”. Sin embargo, añade que “atender el problema del agua no es competencia del sector privado; no podríamos hacerlo aunque quisiéramos”.
Además, según Peralta, los costos adicionales de desalinizar agua no deberían preocupar a las empresas desarrolladoras de proyectos porque “incluir una planta desalinizadora para la producción de hidrógeno no le suma más de un 1% al costo total del proyecto”.
En contraste, para Barney “es absurdo hablar de desalinizar agua para producir hidrógeno en un territorio donde la gente muere de sed”, señala. Para ella, políticos y empresas utilizan el acceso al agua como una herramienta de presión sobre la población, tratándolo no como un derecho, sino como una moneda de cambio. “Con su promesa se pagan votos, favores políticos o promesas de consulta previa por parte de las empresas, cuando en realidad debería ser tratado como un bien imprescindible garantizado por el Estado y no por las multinacionales privadas o por políticos de turno”, escribió en una ponencia sobre el derecho al agua.
Por otro lado, la desalinización plantea serios desafíos ambientales. Según un estudio, los equipos de estas plantas pueden «causar perturbaciones en el medio marino», afectando a los organismos que son arrastrados en el proceso o impactados por la infraestructura acuática. Además, otra investigación plantea que la descarga de salmuera, con una salinidad casi el doble que la del agua de mar, tiene impactos que pueden resultar en daños considerables a los ecosistemas marinos y en que numerosas especies sufran efectos adversos.
Si bien la Hoja de Ruta del Hidrógeno establece la necesidad de realizar estudios regionales sobre el estrés hídrico en relación a la producción de hidrógeno, los intentos de verificar el estado de estos estudios con la máxima autoridad ambiental de la región, han resultado infructuosos. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) resultó inaccesible, al marcar el número oficial se contactó con una casa de familia. Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no respondió a la solicitud de una entrevista al cierre de esta edición.
En paralelo se desarrolla el proyecto AkuaippaHy, una iniciativa de Viridi Re y GIZ Colombia que propone producir hidrógeno verde y e-metanol en La Guajira utilizando agua desalinizada, con fines principalmente de exportación. Sin embargo, los múltiples intentos de obtener una entrevista para conocer los detalles del proyecto tampoco dieron fruto.
Justicia
Un estudio sobre la justicia energética en la economía del hidrógeno advierte sobre diversas injusticias sociales que podrían surgir a lo largo de su cadena de valor. Entre estos riesgos se encuentran los accidentes y peligros laborales, acceso desigual a sus beneficios, y falta de transparencia en los procesos políticos, muchas veces influenciados por grupos de presión como las empresas. A esto se suma una limitada discusión sobre sus impactos sociales y ambientales, así como el riesgo de que su ciclo de vida genere altas emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, se ha cuestionado la perpetuación de dinámicas de colonialismo, esta vez bajo una apariencia verde, en los países del Sur Global. Por ejemplo, un estudio que analizó el interés de Alemania en producir hidrógeno verde en Namibia advierte que «el gran impulso al hidrógeno verde es parte de un patrón violento globalizado para transformar las economías del Sur según los intereses de los estados europeos». Según los autores, se ha adoptado un modelo extractivista que favorece a las élites y refuerza desigualdades, reproduciendo patrones históricos de explotación y subordinación.
En ese sentido, el hidrógeno verde en La Guajira podría reproducir los mismos patrones extractivistas que han caracterizado la explotación del carbón, pero esta vez bajo el discurso de la transición energética. Como advierte la investigadora Nadia Combariza en un artículo, existe el escenario en el que las comunidades wayúu, que ya carecen de acceso a energía, agua potable y soberanía alimentaria, se vean ahora enfrentadas a megaproyectos de desalinización y energía renovable destinados a la exportación, creando un nuevo epicentro extractivo similar al de Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo ubicada en La Guajira.
«El sueño del hidrógeno verde podría atrapar a los países del Sur Global en los patrones de intercambio ecológico desigual que han caracterizado históricamente al capitalismo del carbono», se señala en el mismo artículo, advirtiendo que Colombia podría caer en la trampa de «sobreestimaciones del precio y la demanda de las importaciones de hidrógeno verde» tal como sucedió con el carbón. Además, presenta que, al igual que en el pasado, «los temores en torno a la contaminación por salmuera (de la desalinización), sus impactos en la pesca y los impactos de los grandes parques eólicos en las aves migratorias, entre otros, podrían ser minimizados». Finalmente, este nuevo extractivismo podría ignorar las implicaciones culturales con un pueblo «que ve el viento, el sol y el agua como deidades».
Según Combariza, bajo este escenario en el que todo sigue igual, la mayor parte del despliegue de energía renovable en La Guajira terminaría fluyendo hacia un nuevo sector extractivo en lugar de contribuir a la descarbonización de la economía nacional.
El debate sobre el hidrógeno verde en La Guajira trasciende la discusión técnica sobre su viabilidad económica o su potencial para reducir emisiones. En el fondo, plantea una pregunta fundamental sobre el modelo de desarrollo que Colombia está dispuesta a adoptar en la transición energética: ¿se optará por replicar los errores del pasado bajo una nueva etiqueta verde, o se priorizará genuinamente las necesidades de las comunidades locales a la vez que hay una apuesta por el desarrollo nacional?
