Brasil avanza en la discusión sobre el mercado de carbono. El proyecto de ley (PL 2.148/2015) que busca regular el tema fue aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre de 2023 y está a la espera de votación en el Senado. La propuesta tiene como objetivo establecer directrices para empresas que emiten más de 10 mil toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y crear el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE).
Según el texto, la regulación busca cumplir con la Política Nacional sobre Cambio Climático (PNMC) establecida por el gobierno federal en 2009. Por lo tanto, la agenda en análisis en el Senado establece una compensación obligatoria para aquellos que superen las 25 mil toneladas de emisiones de GEI en el año.
El SBCE funcionaría anticipando cuotas anuales de emisión de gases de efecto invernadero. Según la propuesta, aquellos que reduzcan sus propias emisiones pueden adquirir créditos y venderlos a aquellos que emiten más allá de sus cuotas.
Las empresas que formen parte del mercado regulado deberán elaborar un plan de monitoreo de emisiones, además de informar a los organismos reguladores el balance de emisiones y participar en el entorno regulado. El proyecto de ley establece que las empresas que emitan más allá del límite (25,000 tCO2) podrán comprar cuotas de organizaciones que no superen el límite.
Pero, ¿la creación de un mercado de carbono ayudaría a Brasil en su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero?
Según Caroline Prolo, abogada especializada en derecho climático y head de clima en el grupo Fama Capital, el mercado regulado puede traer beneficios para Brasil, porque, según la propuesta, “el gobierno gradualmente reducirá la cantidad de permisos [de emisiones de carbono], y con esto reducirá las emisiones de GEI”, señala.
Esto “afecta la fijación de precios de estos activos, lo que a su vez lleva a los agentes regulados a buscar soluciones menos costosas para reducir sus emisiones. Es decir, el mercado de carbono regulado puede ayudar a Brasil a cumplir sus metas, además de poner un precio al carbono, haciendo que el sector privado incorpore ese costo y tenga incentivos para promover la descarbonización”, destaca Prolo.
Sin embargo, la abogada señala que el texto presenta puntos de preocupación. “El proyecto de ley tiene aspectos negativos, como la reducción de las multas y el cambio para permitir proyectos de carbono en espacios ambientales protegidos por la ley, como áreas de reserva legal y de preservación”, subraya.
Actualmente, Brasil cuenta con un mercado voluntario para transacciones de créditos de carbono. Los créditos son comercializados por empresas que tienen metas corporativas de reducción voluntaria de emisiones. Las metas de reducción cumplen con estándares establecidos, en su mayoría, por Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP).
En 2022, el mercado internacional voluntario de carbono movió 1,9 mil millones de dólares, totalizando 254 millones de toneladas de GEI, según el informe Ecosystem Marketplace Report 2023. Una estimación de la consultora McKinsey & Company señala que Brasil compensa menos del 1% de la capacidad potencial anual del país.
El relator del proyecto de ley, el diputado Aliel Machado (Partido Verde-Paraná), defiende la necesidad de regular el mercado. “Si hoy el mercado de carbono es tan importante, es porque los gobiernos mundiales han fallado en las últimas décadas en encontrar medidas para reducir las emisiones en la atmósfera y en la preservación de los bosques. Existe consenso científico en que, si la deforestación no fuera tan grande, tal vez la situación climática del planeta no sería tan alarmante”.
El parlamentario también defiende que la comercialización impulsará la economía nacional. “Con el mercado de carbono, la recuperación de bosques o su conservación se volverá rentable. Es un estímulo económico importante para hacer frente a la deforestación y otros usos de nuestras riquezas naturales”, concluye el diputado.
Un estudio de la Cámara de Comercio Internacional (ICC-Brasil) afirma que Brasil podría recaudar hasta 120 mil millones de dólares, considerando un escenario optimista en el que el valor por tonelada de dióxido de carbono sea de 100 dólares.
Agronegocio fuera de la regulación
Pero el sector que más impacta en las emisiones de GEI en Brasil fue excluido del proyecto de ley. En el país, la industria agropecuaria es la segunda fuente de emisiones más grande, según datos del Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa. La primera es el cambio en el uso del suelo, siendo la agropecuária el sector que más deforesta, responsable del 95,7% de la destrucción de bosques, según el Informe Anual de Deforestación en Brasil.
La medida, justificada por los congresistas, se tomó para que surjan más estudios que ayuden a establecer un límite de emisiones para el agronegocio. Pero, en los bastidores, lo que ocurrió fue una intensa movilización política de la llamada “bancada ruralista”, que son los parlamentarios directamente vinculados al agronegocio, siendo más de 300 solo en la Cámara de Diputados.
“Dejar fuera al agronegocio es un problema muy grave, un sector que representa más de 70% de las emisiones”, dice Luciane Moessa, directora ejecutiva de la Asociación Soluciones Inclusivas Sustentables, entidad especializada en finanzas y desarrollo sostenible.
Además de eximir al agronegocio de la obligación de regular sus emisiones, el texto abre la puerta para que los ruralistas se beneficien de la generación y venta de créditos. Esto se debe a que, según el Código Forestal, los propietarios de grandes extensiones de tierra están obligados a mantener áreas de protección permanente en sus propiedades. Si el proyecto se aprueba como ley, los propietarios de estas áreas podrán generar créditos para el mercado, lo que lleva a un escenario en el que estos grandes emisores no tendrán que reducir sus emisiones, ni pagar por ellas, y aún así podrán recibir ingresos.
En una declaración, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, dirigido por Marina Silva, admitió que será necesario “pulir nuevos puntos para una regulación justa y eficaz” para combatir el cambio climático. “El proyecto de ley aprobado en diciembre introdujo elementos que no estaban en el texto original discutido por el gobierno federal. El ministerio trabaja para mejorar y aclarar los puntos de la propuesta, en busca de una legislación más clara, concisa y objetiva, además de un proceso de regulación más rápido”.
El ministerio añade que hay un Comité Interministerial sobre Cambio Climático, coordinado por la Casa Civil con la participación de 18 ministerios, que ya ha designado un grupo para abordar el tema y evaluar qué elementos y contenidos serán necesarios para la regulación de la legislación.
Puntos de duda para inversores
El plazo de aplicación de la regulación también es un tema de debate. En el análisis de Munir Soares, CEO de Systemica, empresa con más de 15 años de actividad en el mercado de carbono, la propuesta no aclara algunas dudas. “El texto trae incertidumbres en relación a potenciales inversiones del área de reforestación, no está claro para el inversor si al reforestar su área él va a poder exportar sus créditos de carbono en los mercados internacionales”.
Munir tampoco está de acuerdo con el plazo previsto para la aplicación. “El primer plan de reducción está previsto para 5 años, yo entiendo que ese plazo podría reducirse hasta 2 años, ya que tenemos una madurez del empresariado brasileño en hacer relato de emisiones”, afirma.
Neutralidad climática en 2050
En 2023, Brasil actualizó su NDC (Contribución Nacional Determinada, por sus siglas en inglés), comprometiéndose a reducir sus emisiones en 48% para 2025 y 53% para 2030, en relación con las emisiones de 2005. El país mantuvo la promesa hecha en el Acuerdo de París de neutralidad en emisiones hasta 2050.
“El mercado de carbono es una herramienta de política ambiental que establece una trayectoria de reducción de emisiones. El gobierno establece una meta y los sectores contingentes trazarán estrategias para alcanzar el objetivo. Con la trayectoria de reducción, las partes que participan en el mercado encuentran tecnologías y soluciones”, opina Soares.
Moessa observa la necesidad de supervisión para que la nueva legislación no sea un incentivo para que las empresas no avancen en la mitigación de los impactos climáticos y establezcan un círculo vicioso, comprando solo nuevos títulos de compensación. “De hecho, el precio de créditos de carbono es barato porque no tiene en cuenta el costo e impacto generado por desastres ambientales relacionados con el cambio climático”, recuerda.
Después de pasar por el Senado, el texto del proyecto de ley, que se tramita con carácter de urgencia, regresará para su revisión a la Cámara de Diputados.
