Pese a que Quintero y Puchuncaví habían sido por décadas un lugar saturado por material particulado, azufre y arsénico, el término “zona de sacrificio” fue difundido con mayor masividad en 2018. Las intoxicaciones masivas que ocurrieron en la bahía de la Región de Valparaíso dejaron en dos meses a 1.400 personas, de una población total de 50.000, requiriendo atención hospitalaria.
Tuvieron que pasar 32 días del inicio de las intoxicaciones para que el Ministerio de Salud decretara Alerta Sanitaria (D.S. 83/2018), estableciendo facultades para disminuir o prohibir las emisiones contaminantes durante períodos de mala ventilación. Desde el 2 de octubre hasta el 31 de diciembre, el sistema de predicción meteorológica advirtió episodios de mala ventilación de a lo menos 120 horas. Sin embargo, dos termoeléctricas de AES ANDES (ex AES Gener) no disminuyeron sus emisiones.
Las miradas rápidamente se concentraron en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en lo que se denominó como el caso Crudo Iraní. Sin embargo, para la líder del movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Katta Alonso, esta fijación conllevó a la pérdida de responsabilidad de las otras empresas.
“En la bahía también hubo un peak de CO2 y contaminación volátil, lo que tiene mucho que ver con las termoeléctricas. Esto aún no para. Y lo que ocurrió, para mí, fue la sinergia de los contaminantes producidos por todas las empresas. Son todos culpables, pero en su momento solo se apuntó a ENAP”, dice la activista.
Como respuesta política ante este y otros episodios que comenzaron a popularizarse en el país, el 2019 el ex presidente Sebastián Piñera junto a las empresas AES Gener, Colbún, Enel y Engie se unieron en torno a un mismo fin: descarbonizar Chile a 2040.
El acuerdo, dividido en dos fases, contempla el cierre de las ocho termoeléctricas más antiguas al 2024 (1.047 MW), ubicadas en las comunas de Iquique (1), Tocopilla (4), Puchuncaví (2) y Coronel (1) y el compromiso no vinculante del retiro o reconversión de las centrales restantes a 2040.
A cuatro años del boom de intoxicaciones, la lucha para Alonso sigue, quien aún tiene esperanzas de volver a ver la bahía como un ícono de agricultura y turismo. “En otros países se ha obligado a las empresas a responder por las contaminaciones generadas. Las empresas y el Estado deben trabajar por recuperar todo lo que nos han quitado”, sostiene.
Zoom a las carboneras
Con la energía de combustibles fósiles como el carbón, petróleo o gas natural, una central termoeléctrica transforma el agua, previamente almacenada en una caldera, en vapor. Esta presión generada al hervir el agua es lo que hace girar una turbina y un alternador para producir electricidad.
Hasta el 2019, antes del Plan, Chile contaba con 28 centrales a carbón aportantes de casi el 40% de la generación eléctrica del país, concentradas en 4 empresas: la norteamericana AES-Gener (15 unidades); la francesa Engie (9 unidades); la italiana ENEL (3 unidades) y la chilena Colbún, dueña de una central. Las termoeléctricas están localizadas en apenas en 6 ciudades, todas declaradas zonas saturadas y sujetas a planes de prevención y descontaminación.
Además de los diversos problemas de contaminación que afectan la salud de las personas, al igual que a los ecosistemas, las termoeléctricas producen gases de efecto invernadero a gran escala, lo que ha apurado el cierre de estas industrias en todo el mundo.
En condiciones naturales, el efecto invernadero ha retenido cierto porcentaje del calor del sol que llega a la Tierra, dando lugar a una temperatura ideal para la vida. Sin embargo, la quema excesiva de combustibles fósiles por parte del ser humano ha derivado en un aumento de la temperatura global terrestre, desencadenando el cambio climático que nos aqueja en la actualidad.
En Chile, el sector energético es responsable de un 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), su directora ejecutiva Ana Lía Rojas advierte que un 30% de este porcentaje deriva de las fuentes que se utilizan o generan electricidad, donde destaca en primer lugar el carbón como el más contaminante.
Una dependencia al uso del carbón que para Chile Sustentable debe tener un fin pronto. “Lo relevante del sector eléctrico es que un 25% corresponde a las 28 carboneras. O sea, 1/4 de las emisiones de Chile derivan de las termoeléctricas”, afirma Sara Larraín, ecologista y directora de la fundación.
Primera fase: el apretón de manos
Siguiendo al pie de la letra el Plan de Descarbonización, las primeras centrales en cerrar durante 2019 fueron las unidades Tocopilla 12 y 13 de Engie (171 MW). Cese que ya había sido anunciado por la carbonera a inicios de 2018 y contaba incluso con la autorización de retiro del Coordinador Eléctrico Nacional.
Sin embargo, días antes del anuncio, Engie ingresó al sistema eléctrico nacional la nueva termoeléctrica “Infraestructura Energética Mejillones” (375 MW), por lo cual, pese al retiro de las unidades de Tocopilla, Chile tuvo mayor capacidad de generación a carbón (+200 MW) el año del acuerdo de descarbonización respecto de 2018.
A la fecha, ocho centrales termoeléctricas han cerrado, siete de ellas contempladas en la primera fase del Plan de Descarbonización. De las 20 restantes, existe un compromiso de cese de funciones de cinco centrales de Engie y una de AES ANDES a 2025, dejando un saldo pendiente de 14 centrales sin fecha de cierre, 13 de AES Gener y una de Colbún, perteneciente al grupo Matte.
De cumplir con su palabra, Chile podría empezar el 2023 con 9 termoeléctricas cerradas, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje, la central Ventanas 2 -con cierre programado para diciembre de este año- sigue activa.
Un inicio que, para la cabecilla de ACERA, si bien no califica de ambicioso, “cumplió”. “El compromiso, aunque no sea legalmente vinculante en la segunda etapa, fue una señal política importante de muestra de voluntad, eso es algo que siempre hay que celebrar”, destaca Rojas.
Segunda fase: la primera alarma
No existe ningún instrumento legal que sancione u obligue a las empresas a cumplir el cierre de las carboneras, lo que reduce la descarbonización de Chile a un acuerdo de buena fe. En esta línea, el segundo hecho que alertó a las y los ambientalistas estuvo dentro del mismo Plan: el Estado de Reserva Estratégica (ERE).
En diciembre de 2020, mediante un Decreto Supremo, se creó el ERE, permitiendo a las empresas vinculantes ser conectadas nuevamente al sistema en caso de una emergencia energética, con un aviso previo de 60 días. Esta “hibernación” viene acompañada de una subvención económica de todas las empresas generadoras -incluidas las renovables- del 60% del pago por potencia para la mantención y acondicionamiento.
La única termoeléctrica en acogerse al ERE fue Ventanas 1 de AES ANDES. Todo lo que debía hacer era estar preparada para un posible funcionamiento. Sin embargo, los hechos hoy investigados por el Panel de Expertos Eléctricos evidencian que el 5 de agosto de 2021, ante la grave crisis hídrica que vivía el país, el Coordinador convoca a la carbonera a despachar energía al sistema eléctrico. Su gerente general responde por carta que lo harían desde el 23 de agosto, pero eso no ocurrió. A continuación, la empresa comunicó que recién se estaba acondicionando y que estaría lista a partir del 4 de octubre.
Ventanas 1 no generó ni inyectó energía ni antes ni después del 4 de octubre. Y aunque es un hecho en investigación y la empresa acusa errores de comunicación de parte del Coordinador, siguió cobrando un monto superior a 4.400 millones de pesos entre diciembre de 2020 y junio de 2022.
Estos hechos son calificados por Larraín como una “vergüenza”. “Lo más grave es ver que las instituciones no funcionan. Aquí el Coordinador no acusó ni informó a la Superintendencia para que fiscalizara, multara y obligara a devolver el dinero a AES ANDES. Es bajísimo, un fraude”, asegura.
Con ojos más positivos se enmarca la directora ejecutiva de ACERA, quien ve el Estado de Reserva Estratégica como un “concepto correcto” y en el marco de la legislación internacional. “Es un término que ha tenido mucha controversia y no hay una visión única en el gremio sobre si es adecuado o no, pero hay un acuerdo en que lo importante esa energía exista y se utilice cuando haya estrechez en el sistema”.
Palabras que no tranquilizan a la líder de Chile Sustentable, quien apunta directamente la nula voluntad de cambio de la firma norteamericana. “Aquí desde siempre han sido el principal actor en la industria y tienen, y han tenido, un pésimo comportamiento. Esto es claro, el plan de descarbonización en Chile puede fracasar por la desidia de AES ANDES”.
Zonas oscuras
Pero no es la única acción que tiene a AES ANDES en tela de juicio. El 21 de julio de 2021, a través de El Águila Energy II SpA, la Fiscalía Nacional Económica aprobó la venta de las cinco unidades de la termoeléctrica Guacolda (Huasco, Región de Atacama) a Capital Advisors, empresa que no formó parte de las mesas de trabajo del Plan de Descarbonización.
“Nosotros hicimos saber esta situación al entonces biministro de Energía y Minería Juan Carlos Jobet. Luego nos enteramos que esta empresa también dio su palabra de seguir el acuerdo, pero además de eso no tenemos garantías de ningún tipo”, advierten desde Chile Sustentable.
Otra señal de alerta es la reconversión de centrales termoeléctricas. De las ocho centrales cerradas, tres unidades de Engie han presentado proyectos de este tipo. En concreto, se trata del reacondicionamiento a gas natural de la Infraestructura Energética Mejillones y la reconversión a biomasa de Central Hornitos y Central Andina para el 2025.
Aunque en Chile Sustentable reconocen que no emiten dióxido de azufre, advierten que una central a gas natural seguirá generando contaminación local mediante el óxido de nitrógeno. Pese a esto, ven este cambio como positivo “en términos de emisiones de CO2”.
Las discrepancias se encuentran con el uso de biomasa. Una central de este tipo es una instalación diseñada para generar energía eléctrica a partir de recursos biológicos (por ejemplo, materia orgánica de origen vegetal). Es decir, utilizan fuentes renovables para su producción. En el caso de Hornitos y Andina, la Declaración de Impacto Ambiental aprobó el uso de 4.800 toneladas de pellet de madera por día.
Según cálculos de la fundación, si las centrales funcionan a máxima capacidad -8.000 horas al año-, se requeriría la tala de 100.000 hectáreas de monocultivo de eucaliptos, número que se incrementa si la fuente viene de bosque nativo.
“El gran problema es la presión sobre la superficie de bosque. Lo que es inaceptable, una locura. Más en Chile donde tenemos prácticamente un 50% de las capturas de CO2 en los bosques”, concluye la ecologista de Chile Sustentable.
La vida luego del sacrificio
Avanzar junto con las comunidades es la definición que desde ACERA dan a la transición energética justa, término que ha sido exigido como el paso siguiente a la descarbonización. “La transmisión energética no puede ser vista como un modelo de negocios de quienes realizan proyectos, sino también una especie de comunidad que disponga de beneficios para toda la población”, dice su directora.
Diálogos que si bien aún no existen para Larraín, hoy comienzan a abrirse con la creación del Ministerio de Medio Ambiente de la Oficina de Transición Socioecológica Justa. “Estamos hablando de comunas donde la estructura industrial depende casi exclusivamente de las carboneras, entonces es vital saber cuál va a ser el plan de desarrollo regional para hacer una reconversión productiva”, señala.
“Que nuestros derechos humanos se respeten, devolver la calidad de vida a las y los niños y, sobre todo, poner fin a este flagelo”. Así resume la activista de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia las próximas metas que se buscan conseguir.
“Urge que entren a evaluación ambiental todas las empresas para saber qué están emitiendo y tener un buen plan de descontaminación. Sin eso no podemos ni siquiera pensar en una restauración y reparación del territorio”, concluye Alonso.
Hoy, la bandera de lucha de lucha de activistas y organizaciones ambientales de las denominadas “zonas de sacrificio” es apurar la descarbonización en Chile para el 2030 y darle mayor urgencia a la Ley Aes Gener, una certeza jurídica que busca prohibir la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país.
Actualmente, la Ley se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Energía y Minería del Senado. Mientras tanto, más de 200.000 habitantes repartidos en seis ciudades seguirán a la espera de una promesa hecha entre cuatro paredes.
