Gracias a su ubicación geográfica próxima a la línea del ecuador, Perú posee un alto potencial de energía solar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estima en 3.000 kilovatios hora (kWH) de radiación directa en el sur. Sin embargo, el país solo utiliza el 1% de su capacidad.
Lo mismo ocurre con otras energías renovables no convencionales que pese a estar más desarrolladas en el país, no representan una importante fuente de energía en la matriz: la eólica tiene apenas el 3% y la biomasa, 0,5%. Pese a esta potencia, aún hay regiones que no cuentan con acceso a energía.
La información del Instituto Nacional de Estadística e Informática revela que, al 2021, 94,1% de los hogares peruanos tuvieron acceso al servicio de energía. Sin embargo, el 45,3% tuvieron cortes o interrupciones eléctricas.
Además, en Loreto y Ucayali, departamentos amazónicos, solo alrededor de la mitad de la población accede a electricidad: 54,4% y 51,9%, de forma respectiva.
Frente a la necesidad de cubrir esas brechas y ante las condiciones climáticas actuales intensificadas por el calentamiento global, la transición energética se postula como una de las principales vías para reducir las emisiones de gases que están haciendo incrementar la temperatura a grados nunca antes vistos.
Perú, al igual que los otros 192 países que firmaron el Acuerdo de París, asumió compromisos climáticos para transformar su matriz energética hacia fuentes más limpias. Sin embargo, desde 2016 hasta la actualidad, los avances por alcanzar ese objetivo han sido pocos y la fecha óptima (2030) está cada vez más cerca.
En 2015, Perú se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para 2030. Cinco años después, el país aumentó su ambición y puso como nueva meta la reducción del 40%. A solo seis años y medio para 2030, los avances han sido lentos y el país sigue dependiendo de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural, como principales fuentes de energía.
A este panorama se suma la ausencia de una política nacional de implementación de energías renovables no convencionales. “En Perú, a diferencia de otros países como Brasil, Chile y México, no existe como tal una política pública de promoción de la transición energética”, remarca Augusto Durán, especialista en Energías Limpias y Transición Energética.
En efecto, a la fecha, el principal documento que establece la necesaria implementación de energías renovables es la actualización de las contribuciones nacionales determinadas (NDC). Este documento propone cambios en la matriz energética; sin embargo, los mismos recaen en el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
“El Ministerio del Ambiente (Minam) como autoridad en cambio climático avanzamos en el trabajo vinculado a las NDC, pero en realidad el trabajo y el esfuerzo depende de diferentes actores. En especial, las medidas de energía están vinculadas al Minem”, explica la directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Milagros Sandoval.
El problema reside en que el Minem no ha actualizado el plan energético nacional desde 2014 y sigue dando concesiones a proyectos de hidrocarburos. Por ello, Augusto Durán, coordinador de la campaña para la implementación del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, considera que el Minam funciona como un subministerio supeditado a lo que decida el Minem o el Ministerio de Economía.
“Al final, son los ministerios más fuertes, porque de hecho mueven la economía en el Perú. Entonces, el Ministerio de Ambiente da medidas, pero el de Energía y Minas sigue ampliando la frontera extractiva tanto de minerales como de combustibles fósiles y el Ministerio de Economía no da fondos o simplemente observa cosas, porque, siendo sinceros, la política climática le es muy incómoda”, destaca Durán.
Metas que parecen inalcanzables
Las NDC establecen una base para que el país reduzca sus emisiones. En ese contexto, el sector energía es el que concentra la mayoría de los compromisos climáticos. De acuerdo con el catálogo de medidas de mitigación, existen 38 relacionadas al sector energético: 24 de ellas están vinculadas a cambios en la matriz energética y las 14 restantes se centran en cambios en el transporte.
De estas 24, tres incluyen el término energías renovables y una menciona en específico a la energía solar. La primera de ella busca “aumentar la participación de los Recursos Energéticos Renovables (RER) en la matriz energética nacional en un 6.8% al 2030”. La segunda propone “llevar el servicio de electricidad a usuarios ubicados en áreas no conectadas a la red eléctrica utilizando como fuente de generación los RER”. La última busca “generar energía a partir del metano que se produce en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)”.
La representante del Minam resalta que la mayoría de estas medidas está en proceso de implementación por parte del Ministerio de Energía y Minas. En efecto, las dos primeras medidas detallan como fecha de inicio de implementación el año 2010. En tanto, la tercera menciona que empezó en 2021.
Sin embargo, en los últimos 13 años desde que se inició con estos proyectos, los avances fueron escasos. El Ministerio de Energía y Minas no respondió a las consultas realizadas por este medio sobre los avances en la implementación de esta medida, pero, hasta 2022, la participación de la energía solar y eólica en la matriz representaron solo el 4% en el país, de acuerdo a información pública de esta entidad.
A ello se suma que la mayoría de anuncios gubernamentales que proponen electrificar las zonas rurales estuvieron centrados en la masificación del gas natural. Una promesa que no se cumplió en los últimos 19 años desde que se inició con la explotación de los yacimientos.
“Cuando hablamos de un proceso de transición energética, lo primero de lo que hablamos es de dejar el carbón. Luego, el petróleo y, en tercera etapa, el gas. Otros países ven a este gas como un combustible de transición que les permita tanto financiera como técnicamente llegar a un proceso de transición energética. En Perú, lo que ha pasado es que nos hemos empernado fuertemente al gas natural”, explica Augusto Durán.
El especialista destaca también que hubo pocos avances para impulsar las renovables desde las políticas públicas. En principio, resalta la creación del Decreto Legislativo N° 1002 que se dio en 2008 y promovió la inversión en proyectos de energías renovables.
“Es la principal (norma) que se tiene en torno al tema de energía renovable, pero desde que se promulgó, las renovables siguen representando muy poco de la energía que se produce en el país”, añade Durán.
En efecto, Brendan Oviedo, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), explica que la inversión en este tipo de proyectos se estima en alrededor de 2.000 millones de dólares.
A ello se suma la aprobación en 2015 del Decreto Legislativo N°1221 que propone la generación distribuida de energía y permite que las comunidades generen su energía y comercialicen la sobrante. Pese a ello, ocho años después, se sigue a la espera de la aprobación del reglamento que le permita funcionar.
Luego de ello, se publicó, en 2018, el catálogo de medidas de mitigación que propone aumentar la participación de los recursos energéticos renovables en un 6,8% en la matriz energética nacional al 2030.
No obstante, Oviedo destaca que este documento no es vinculante y que lo más reciente y vinculante es el decreto supremo que declara la emergencia climática en todo el país. El mismo propone aumentar la participación de las renovables no convencionales al 20% para 2030.
“Si me preguntas cuál es el compromiso de energías renovables, yo diría que ese 20% porque es lo único que está reflejado en algún tipo de norma legal hasta cierto punto vinculante. Pero, yo sinceramente desconozco cuál es el nivel efectivo de cumplimiento no solo de esta medida, sino de las otras que existen”, aclara el también coordinador del equipo técnico de mitigación de la Comisión Nacional de Cambio Climático.
En esa línea, Brendan Oviedo destaca que luego de identificar los sectores en los que se deben hacer cambios, el Gobierno debió trabajar de la mano con los diferentes ministerios para cumplir con esos objetivos.
“Se aprobaron estas medidas de mitigación, pero no se implementó nunca un marco regulatorio que permitiese ejecutar esa medida. Ahí hay un problema, pues no se está conversando el buen trabajo que está haciendo el Ministerio del Ambiente con el buen trabajo que están haciendo probablemente otros ministerios. Me parece que la falta de trabajo coordinado limita mucho la eficiencia de la implementación de decisiones”, resalta.
Ante la falta de información clara sobre los avances en la implementación de estas medidas, Osver Polo, representante del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), afirma que la tarea de Perú para la próxima cumbre climática COP28 que se llevará a cabo en diciembre en Emiratos Árabes será informar qué tanto se ha avanzado en la reducción de emisiones.
Esto ya que durante la conferencia concluirá el primer Balance mundial (Global Stocktake), oportunidad en que los países mostrarán si están avanzando colectivamente hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
Un contexto político que no ayuda
Las recientes celebraciones por la independencia del Perú a finales de julio estuvieron caracterizadas por manifestaciones a lo largo del país que exigían la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. Este escenario se ha repetido desde diciembre del año pasado cuando asumió el cargo. En tanto, la inestabilidad política del país se ve reflejada en que en los últimos cinco años han habido seis presidentes.
La directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Milagros Sandoval, destaca que si bien la crisis política afecta, resalta como punto positivo la existencia de las NDC y de un marco legal que sirve para orientar la lucha frente al cambio climático.
“Los diversos contextos políticos no solo en el país sino en la región pueden tener diversos impactos, pero lo más importante es que las bases para seguir avanzando en los temas de cambio climático ya están sentadas gracias a la Ley marco de cambio climático y su reglamento. Tenemos que obviamente seguir siendo propositivos”, afirma.
En paralelo, los especialistas consideran que la crisis política y los intereses económicos impactan en los esfuerzos por hacer frente a la crisis climática. Osver Polo resalta que además de la falta de un trabajo conjunto desde los diferentes ministerios, se suma el hecho de que el Gobierno sigue impulsando proyectos extractivos.
“Desde el Gobierno se sigue planteando modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y seguir teniendo explotación de hasta por 80 años de combustibles fósiles”, detalla.
Estos proyectos se contraponen a las principales recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). El mismo plantea que, para alcanzar los objetivos climáticos en el mundo, es necesario reducir de manera significativa el uso de carbón, así como también en 60% el uso de petróleo y en un 70% el uso de gas.
Al respecto, Augusto Durán asegura que la constante inestabilidad política que atraviesa el Perú tiene efectos en la gobernanza del país en general.
“Desde el gobierno de Fujimori, hemos vivido en distintas crisis políticas y esa es una de las primeras razones para no poder tener una política clara en general, no solamente en temas de cambio climático. Entonces es complicadísimo que se logre los objetivos a 2030 a nivel global y en el caso peruano mucho peor porque no tenemos un plan preciso ni conciso que nos dé una ruta”, concluye.
Sin embargo, Brendan Oviedo añade que la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley 28832 de eficiencia energética y busca ampliar la oferta de producción de electricidad constituirá el impulso que necesitan las energías renovables no convencionales en el país. Sin embargo, el mismo fue rechazado, en una primera votación, por la Comisión de Energías.
“Esperemos que en breve se vuelva a poner en la agenda del Congreso el Pleno y se vote. Yo creo que, ahora, existen todas las condiciones para las (energías) renovables, porque la eólica y la solar son las más baratas en el mercado y porque están descentralizadas en el norte y en el sur. Podemos lograr nuestro objetivo y hasta podríamos pasarlo, pero depende, principalmente, del factor regulatorio que tiene que cambiar”, remarca.
