República Dominicana ha establecido metas ambiciosas en su transición energética, con el objetivo de que el 25% de su matriz eléctrica provenga de fuentes renovables para 2025 y el 30% para la década de 2030, metas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia una generación de energía más limpia y sostenible.
Sin embargo, el país enfrenta un desafío considerable, ya que, según el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la generación energética a partir de fuentes renovables alcanzó solo el 17.7% entre enero y mayo del 2024, lo que representa una brecha del 12.3% respecto a las metas planteadas en el Plan Energético Nacional 2022-2036.
Una de las principales barreras para alcanzar estos objetivos es la insuficiente inversión pública en proyectos de energía renovable, lo que limita la capacidad del Estado para acelerar la transición hacia fuentes más limpias. Si bien existen iniciativas legislativas que respaldan este proceso, el financiamiento público en infraestructura aún es limitado y no logra cubrir la magnitud de los proyectos necesarios.
Ante este panorama, la figura del fideicomiso público emerge como una solución viable. República Dominicana es uno de los países de la región del Caribe con regulaciones específicas para fideicomisos públicos, a través de la Ley 28-23.
El fideicomiso es un instrumento que permite la transferencia de bienes y derechos del Estado para gestionar, implementar y ejecutar proyectos de interés colectivo. Están basados en un contrato jurídico entre una persona jurídica y el Gobierno.
Según el magíster en Bolsa y Mercados Financieros, Jean Carlos Altuna, la creación de un fideicomiso público podría ser clave para impulsar la transición energética del país. A través de este mecanismo, el sector privado podría colaborar con el Estado para financiar proyectos de infraestructura energética renovable, reduciendo el riesgo financiero para el gobierno y acelerando la implementación de las metas energéticas.
“Al tener el fideicomiso público para energías renovables en operación se puede vislumbrar una proyección de una reducción del déficit en un 25% durante los primeros 5 años, representando un ahorro estimado de US$250 millones anuales”, explicó.
Asimismo, Altuna afirma que este fideicomiso, al contemplar la posibilidad de ser una herramienta de captación tanto local como internacional, podría atraer entre US$1,500 millones y US$2,000 millones en sus primeros cinco años, aumentando lo que el Estado recibe por la inversión extranjera directa, impulsando el desarrollo de infraestructuras para energías renovables.
Inversiones
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en el informe “Monitor energético” a junio de 2024, indicó que proyectos basados en energías renovables con una capacidad de 1,370 megavatios están en proceso de construcción y se espera que estas obras entren en operación comercial para el próximo año.
Sin embargo, para materializar el potencial energético hacia una economía verde, será indispensable el diseño e implementación de políticas públicas que aseguren un crecimiento económico con sostenibilidad ambiental.
La nación cuenta con la Ley 57-07, promulgada en 2007, que establece incentivos con exoneración de impuestos a empresas que inviertan en proyectos. Desde 2019 hasta 2023, la inversión en proyectos renovables alcanzó US$1,144 millones, de los cuales, el 64% fue financiado por la banca local y más de un tercio estuvo a cargo de fuentes internacionales.
Altuna comenta que, si bien establecer el fideicomiso requiere una inversión inicial considerable, los beneficios a largo plazo compensarán estos costos iniciales. Al reducir las pérdidas del sector y atraer inversiones privadas, el fideicomiso disminuiría la necesidad de subsidios gubernamentales, que en 2022 alcanzaron US$1,500 millones.
“El Estado posee bajo titularidad innumerables cantidades de tierra que se pueden destinar a la producción de los diferentes tipos de energías renovables. Estas áreas bien podrían destinarse y aprovechar su masa territorial para desarrollar proyectos de energías renovables no invasivos”, consideró.
El diagnóstico sobre el Financiamiento para las Energías Renovables y Propuestas de Mecanismos Innovadores, elaborado por la GIZ, cita que en República Dominicana se decidió promover el desarrollo de las energías renovables a través de un modelo basado en inversión privada y no estatal.
“El Gobierno se limitó a crear un marco jurídico claro y transparente para proteger los derechos de todos los agentes. Además, estableció incentivos fiscales y económicos para motivar la participación tanto de promotores de proyectos como de los agentes financieros en el mercado”, dice el texto publicado por el GIZ en 2020.
Hasta noviembre de 2024, los proyectos de energías renovables a escala de planta en el país han sido financiados con préstamos corporativos o bajo la estructura de Project Finance, siendo una fuente de financiamiento utilizado para desarrollar grandes proyectos a largo plazo, donde se utilizan los flujos de caja (activos) para pagar la inversión.
“Ningún proyecto ha sido financiado a través de la colocación pública de instrumentos financieros”, destaca el GIZ.
Betty Soto, viceministra de Innovación y Ahorro Energético del Ministerio de Energía y Minas, contó que el Estado prioriza las inversiones en redes de transmisión.
“Las inversiones están destinadas al desarrollo de redes de transmisión para lograr un estabilización de la transmisión de energía de esas nuevas inyecciones que estarán entrando en el sistema tanto de renovables como térmicas, como el gas natural que se ha denominado como el combustible de transición”, afirma, aunque el uso del gas fósil para la “transición” es debatido, principalmente porque sigue siendo un combustible fósil que genera emisiones, y distintos reportes, como un informe del BID, señalan que apostar directamente por las energías renovables evitaría, en promedio, 140 millones de toneladas acumuladas de CO2e hasta 2050 en el país.
Soto agrega que, actualmente, República Dominicana estudia modelos de fideicomisos públicos implementados en países como Chile, México, Colombia y Panamá, con el objetivo de adaptarlos a la realidad energética y económica del país. La funcionaria señala que estas iniciativas buscan hacer frente a la alta dependencia del 80% de combustibles fósiles en la matriz energética nacional y a los desafíos que plantea el subsidio eléctrico.
“El 2025 será un año clave para explorar esta figura. Si se confirma que el fideicomiso es un vehículo favorable para la promoción y el avance de la transición energética, esta gestión está comprometida con implementarlo”, señala Soto. Se necesitaría un decreto para que el fideicomiso pueda ser utilizado en proyectos de energías renovables.
Soto y Altuna destacan que el fideicomiso, que podrá ser concebido como una colaboración público-privada, permitiría al Estado garantizar inversiones estratégicas, especialmente para la construcción de infraestructuras de generación energética.
Además, el enfoque inicial está en proyectos de energía solar, que se desarrollarían en terrenos e infraestructuras públicas, contrastando con el modelo actual, donde la generación energética está completamente en manos privadas.
El fideicomiso complementaría las leyes ya existentes que fomentan el uso de energías renovables y la importación de vehículos no convencionales, fortaleciendo las políticas de incentivos para el sector privado y extranjero.
Pero hay desafíos. El modelo de fideicomiso público no está exento de riesgos de corrupción. Altuna indica que el desafío principal deberá fortalecer instituciones para garantizar la independencia del fideicomiso, prevenir conflictos de interés y fomentar una cultura de cumplimiento y supervisión efectiva.
No obstante, República Dominicana cuenta con 12 años de experiencia con la figura y más de 15 Fideicomisos Públicos operativos que demuestran ser referencia de transparencia en el Caribe y América Latina.
En el caso país, los fideicomisos son supervisado por diferentes actores: Superintendencia de Bancos, Dirección General de Impuestos Internos, Superintendencia del Mercado de Valores y en el caso de los fideicomisos públicos se suman a la supervisión la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
