Las cajitas transparentes al frente de cada casa son la única pista de que la calle conocida como La Estrecha, en las empinadas cuestas del barrio El Salvador en Medellín, es diferente a todas las demás calles de todos los demás barrios de Colombia. Veinticuatro vecinos de la cuadra –como le dicen en Colombia a las manzanas– son los únicos usuarios que, a su vez, le venden electricidad al sistema interconectado nacional. Gracias a los 43 paneles solares instalados en el techo de tres viviendas y al hecho de que venden colectivamente la energía capturada por ellos, han pasado a la historia como la primera comunidad energética de Colombia.
Las cajitas son medidores inteligentes de energía que les permiten a los miembros de la comunidad energética ver cuánta electricidad consumen cada segundo del día –a diferencia de los contadores comunes, que muestran el consumo promedio–. Cuando los instalaron entre abril y octubre de 2022, los investigadores de la universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) no tenían ni idea de que prenderlos tomaría más de un año. “Nos tocó abrir todo el camino”, dice Juanita Giraldo, investigadora de la Escuela de Ingeniería que lideró el proyecto.
“Con tecnología de punta en esta primera comunidad energética solar en el barrio El Salvador, en Medellín, el cliente está en el centro”, dijo en el lanzamiento del proyecto Darío Amar Florez, vicepresidente de Nuevos Negocios, Tecnología e Información de Empresas Públicas de Medellín, la compañía de servicios públicos más grande de Colombia y aliada clave del piloto.
Otra funcionaria de la empresa amplificó la idea de que las comunidades energéticas son inclusivas y permiten la participación activa de las comunidades. Puesto de esta manera, la comunidad solar La Estrecha es fiel a los propósitos y organización de las comunidades energéticas que surgieron en Alemania, a principios de los noventas, para reclamar autonomía y hacer realidad un sistema de energía más democrático.
Sin embargo, un reporte elaborado por los investigadores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia muestra una realidad muy diferente. “La comunidad de La Estrecha (y prácticamente cualquier otra del país)”, escribieron, “no habría sido capaz de implementar una comunidad solar por sí sola”.
El proceso en La Estrecha chocó con una infinidad de barreras económicas, técnicas, sociales y legales, dice Giraldo. Si bien algunas de esas barreras fueron solucionadas con la reglamentación del decreto que autorizó este tipo de iniciativas en el país, aún hoy es “prácticamente imposible” hablar de un “estallido solar” cuyo motor sean las comunidades energéticas, tal y como lo plantea el gobierno de Gustavo Petro. Así, la única alternativa viable es que haya socios o promotores, como grandes empresas, que apalanquen el proceso, pero esto crea un riesgo de que, en términos reales, quienes habitan en esos lugares no tengan poder de decisión ni propiedad sobre el proyecto.
Además, el modelo podría reproducir los problemas de inclusión que ya se han evidenciado en comunidades energéticas en Europa, en donde la mayoría de miembros son hombres blancos con altos niveles de escolaridad e ingresos, y no las comunidades que más podrían beneficiarse– los hogares que viven con acceso limitado a la energía eléctrica.
Para hacer realidad la ambición del plan nacional de desarrollo del gobierno actual, que convierte a este tipo de organizaciones en la apuesta central para hacer realidad la transición energética justa y el acceso de las poblaciones vulnerables a la electricidad, es importante entender los retos y lecciones de La Estrecha, dice Ana María Ramírez Tovar, investigadora invitada en la Universidad Técnica de Berlín, que ha trabajado con la EIA y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. “El Salvador nos muestra que sí hay actores dispuestos a participar, pero no puede ser tomado como el modelo de comunidad energética que se debe desarrollar en Colombia”.
Hacer camino al andar
En 2015, cuando profesores y estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia decidieron crear un grupo para investigar la transición energética, se dieron cuenta de que en el país habían muchos investigadores preguntándose cómo mejorar las tecnologías necesarias para implementar este proceso.
“Para que se haga la transición energética justa sí necesitamos paneles más potentes y nuevas tecnologías”, explica Giraldo, “pero finalmente necesitamos que el usuario empiece a ser parte activa del sector”. Decidieron llenar ese vacío y se dedicaron a tratar de responder una pregunta que pocos se estaban haciendo en Colombia: ¿cómo hacer de la transición energética un proceso en el que la ciudadanía participe activamente?
En 2019, recibieron fondos para el primer proyecto que les ayudaría a iluminar posibles respuestas. Con fondos de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido y la University College London montaron una red en la que 12 hogares de Medellín, pertenecientes a los estratos 2, 3 (ingresos bajos y medios), 5 y 6 (ingresos altos) producían e intercambiaban electricidad, ayudándoles a reducir la cantidad de energía que debían consumir de la red interconectada nacional. Uno de esos hogares era el de Rodrigo García, habitante de La Estrecha.
Después de ese piloto, el grupo de investigación consiguió financiación para un proyecto mucho más ambicioso: averiguar si era posible crear una comunidad energética en Colombia. Si bien países como Chile, Argentina y Brasil ya habían empezado a experimentar con este modelo europeo, en Colombia todavía no aparecía en las leyes que promovían la llegada de energías alternativas.
Por la necesidad de que fuera un proceso comunitario, los investigadores de la EIA asumieron que debían buscar un barrio con una organización barrial fuerte. Fue así como aterrizaron en la Comuna 13 de Medellín, donde han surgido organizaciones sociales que luchan por mejorar las condiciones de vida de los habitantes ante el abandono estatal y la violencia que ha pasado por sus calles.
“Ese fue nuestro primer error”, reconoce Giraldo. “Nosotros buscamos en la Comuna 13, y fue como que ‘listo les queremos presentar ese proyecto’ y ellos como ‘ay bueno,’ pero [nos dimos cuenta de que] lo más importante es que sea una comunidad que tenga ya el interés”.
Los investigadores empezaron trabajando con un grupo de mujeres cabeza de familia – una estructura familiar que en esa comunidad representa al 49% de los hogares – pero la pandemia de 2020 hizo que las reuniones fueran intermitentes y escasas. “Íbamos a los dos meses y ya no estaban los mismos y la gente ya ni se acordaba de nosotros”, recuerda Giraldo. Muchas no eran dueñas de sus hogares –una situación común en los hogares de bajos ingresos en Colombia, donde el 88% de quienes viven en arriendo pertenecen a los estratos 1, 2 y 3– por lo que debían pedir permiso a los dueños para instalar los paneles solares, quienes muchas veces se negaban.
Y para rematar, las relaciones de la comunidad con EPM, uno de los principales socios del proyecto, estaban completamente fracturadas. Al ser un sector de la ciudad que acoge a familias desplazadas por el conflicto armado colombiano, muchos de sus barrios nacieron como asentamientos ilegales que han luchado por años con la alcaldía y la empresa para que les garanticen acceso a los servicios públicos. Además, por la precariedad económica en la que viven, es difícil para muchos pagarlos a tiempo. “Alguien podría estar hoy en el taller con EPM y al otro día iban y le cortaban la luz,” dice Giraldo. “¿Cómo ellas van a presentar [el proyecto] a sus vecinos u otras personas que odian a EPM porque les cortan la energía, o están pasando necesidades?”
La falta de acceso a electricidad suele acompañarse de otras necesidades insatisfechas, lo que deja a la seguridad energética en un segundo plano para estas familias, dice Florian Hank, estudiante de doctorado en la Universidad Europea Viadrina que se ha enfocado en estudiar cómo hacer las comunidades energéticas europeas más incluyentes.
En Brasil y Chile, explica Ramírez, ha sucedido algo similar: el conocimiento de estos modelos es muy bajo para la mayoría de hogares, y para aquellos con pocos ingresos, es poco viable invertir en este tipo de proyectos, cuyos beneficios podrían tardar en llegar casi una década. Solucionar esa falta de acceso implica trabajar con organizaciones que ya hayan construido lazos de confianza con las familias y que puedan, además de informar sobre esta alternativa, identificar quienes están interesados en participar y encontrar formas de ayudarles con la inversión inicial, dice Hanke.
Después de ocho meses de trabajo, tantas personas salieron del proceso en la Comuna 13 que, dice Giraldo, “nos quedamos sin techos”. Decidieron intentarlo una vez más, pero con la lección aprendida de acercarse a personas que ya estuvieran interesadas en el tema.
De la mano de Rodrigo García, quien había participado en el proyecto de intercambio entre pares, aterrizaron en La Estrecha. Allí, los vecinos no habían parado de hablar sobre los paneles en el techo de García desde su instalación en 2018, cuenta Nora Aleida Franco, una ama de casa y vendedora independiente que vive en la cuadra hace 35 años. A muchos, dice, “nos dieron las ganas de ensayar que era eso de la energía solar, pero principalmente por recibir los beneficios económicos”.
“Ahí la cosa fue muy distinta”, dice Giraldo. A diferencia de la Comuna 13, la mayoría de los 24 hogares en La Estrecha eran propietarios de sus hogares, por lo que tenían autonomía para decidir si querían entrar o no. Además, no habían problemas de acceso a la energía, por lo que confiaban en la empresa de servicios públicos, EPM. Los vecinos asistían a las reuniones que la universidad y sus socios organizaban en un parqueadero que también ha hecho las veces de cancha de fútbol o lugar de reunión en las celebraciones decembrinas. Si llovía, alguno de los vecinos abría las puertas de su casa.
Pero los obstáculos empezaron casi a la par del proyecto. Cuando comenzaron, en Colombia no existía en la ley la posibilidad de que varias personas organizadas generaran electricidad colectivamente, la autoconsumieran y entregaran lo que sobra al sistema nacional para así reducir lo que pagan en sus facturas de luz. Este vacío legal fue llenado apenas en diciembre de 2023, con la expedición del decreto que regula las comunidades energéticas en el país y que permite la figura de autogeneradores colectivos y de generación distribuida colectiva.
Por eso, los habitantes de La Estrecha debían entrar al sistema como distribuidores: es decir, jugar con las mismas reglas que, por ejemplo, un enorme parque eólico o una mega central hidroeléctrica que busca inyectar nueva electricidad al sistema. Su “empresa” recibiría el dinero por la energía vendida que se dividiría entre los miembros de la comunidad solar y podría abonarse al pago de la factura de servicios a través de una aplicación digital.
Sin el respaldo de la empresa de servicios públicos más grande de Colombia, atravesar los trámites para convertirse en generadores de energía habría sido “imposible”, dice Giraldo. “Había una pregunta de una validación regulatoria o lo que sea, pues literalmente la persona que trabaja con nosotros en EPM iba al escritorio de la persona encargada dentro de [la empresa] y le preguntaba”, explica. “Es algo que todavía no está claro para que una comunidad lo replique por sí sola. No hay quien les guíe paso a paso en este tema regulatorio”.
Si bien desde el primer momento los habitantes de La Estrecha estuvieron al tanto de los trámites legales y burocráticos, no se hicieron cargo de ellos. Además, tampoco asumieron ninguno de los costos del proyecto. Así, en este modelo, la comunidad conservó el papel pasivo de cualquier consumidor, dice Ramírez, quien conoció el proyecto a fondo como investigadora de TRAJECTS, otro de los aliados. La participación, autonomía y poder de decisión de los habitantes fueron limitados, según los investigadores en el documento que recoge los aprendizajes de la experiencia.
Hasta ahora, la factura de electricidad en los hogares se ha reducido en un 10%, una reducción modesta que – en parte – se explica porque el precio de la electricidad que venden es más bajo que el de la electricidad que consumen – otro vacío regulatorio que, dice Giraldo, hace que la inversión “se demore demasiado tiempo en cerrar [financieramente]”.
Franco y otros vecinos, como Ruth Marina García Giraldo, reconocen que ser parte de la comunidad solar los ha llevado a ser más conscientes sobre su consumo eléctrico. Además, se sienten orgullosos de “contribuir al medio ambiente, que es tan importante”, dice García Giraldo. Aunque aprendieron sobre la importancia de las energías renovables y quieren continuar con los paneles, aún hoy, a dos meses de que el proyecto finalice, no están seguros de cómo mantenerlo vivo, dice Franco.
“Nos hicieron una reunión para preguntarnos quiénes estábamos dispuestos a colocar [dinero] para comprar los paneles”, pues hoy son propiedad de EPM. Además, una vez el proyecto de la universidad finalice, serán los vecinos quienes deberán encargarse de costear las reparaciones, revisiones y demás gastos que les permitan seguir generando electricidad. “Aportamos ideas y una fue que las empresas implicadas nos colaboren [económicamente] para quedarnos con los paneles. No creo que entre todos tengamos la forma de recoger toda esa plata en ese momento. Estamos a la espera de qué razón nos dan ellos,” agrega.
Contactamos a EPM para preguntarles sobre el futuro del proyecto, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
Las lecciones que deja La Estrecha
Así como ha pasado en algunos casos de otros países, la situación en La Estrecha muestra cómo las comunidades energéticas son un modelo que, debido a la gran inversión inicial que necesitan, podrían beneficiar a los miembros más ricos de la sociedad, a menos que se ponga dinero de actores externos para las personas que no tienen presupuesto.
“No creo que sea apropiado poner tanta esperanza en que este modelo puede ayudar con la pobreza energética”, dice Jan George, investigador en el Instituto Fraunhofer de Investigación en Sistemas e Innovación, en Alemania, y co-autor del reporte de la EIA sobre el piloto en Medellín. Crear créditos con bajos o sin intereses, tarifas preferenciales para las comunidades energéticas o subvenciones podrían solucionar este problema, escribió junto a los coautores de la Escuela de Ingeniería.
Para la investigadora chilena Gloria Baigorrotegui, quien ha participado en la creación de cinco comunidades energéticas en Chile a través de una organización civil, los retos van mucho más allá de conseguir fondos o crear un marco legal que facilite la creación de comunidades solares. Al instalar las tecnologías, sobre todo en áreas rurales, “[los políticos] se sacan la foto, cortan la cinta, se van y eso después de tres o cuatro años no funciona, quedan como basura, como ruinas ahí abandonadas porque la gente no sabe qué hacer [para repararlas]”, dice.
Si bien tanto el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y el decreto que regula a las comunidades energéticas contempla el apoyo financiero para la operación y mantenimiento de infraestructura de proyectos propuestos por comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, los criterios para recibirlos o de dónde saldrán esos recursos no han sido definidos.
En marzo, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas del Ministerio de Minas y Energía anunció que ya estaban en marcha dos comunidades energéticas: una en Media Luna, en La Guajira y otra en Terán, Nariño, y que 768 comunidades habían aplicado al programa como parte de la transición energética justa que el gobierno de Gustavo Petro planteó en su plan nacional de desarrollo. Climate Tracker se comunicó en repetidas ocasiones con el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y con el IPSE para preguntarles sobre los detalles de funcionamiento de ambos proyectos, pero no recibimos respuesta.
En últimas, los investigadores coinciden en que una comunidad energética solo es tal si sus miembros son quienes tienen las riendas y la propiedad del proyecto, aún sin entes externos, como empresas privadas, aportaron dinero para su creación. Sin normas legales claras que diferencien una comunidad energética de otro tipo de soluciones de energía distribuida (como una empresa que firme un acuerdo para montar paneles sobre los techos del plantel, por ejemplo), existe un riesgo alto de “community washing”: proyectos en el que la etiqueta “comunitario” está allí para hacerlos atractivos, pero no reflejan la realidad de cómo funciona.
“La transición energética justa va más allá de cambiar combustibles fósiles a paneles solares en techos, tiene que ver con el cambio de la participación del usuario”, dice Giraldo. “El empoderamiento va mucho más allá de generar energía”.
