En agosto de 2023, el Gobierno de Brasil lanzó el nuevo PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), anunciando más de 540,3 mil millones de reales brasileños (cerca de US$110 mil millones) de inversiones en el eje de Transición y Seguridad Energética. Sin embargo, a pesar de afirmar que se centra en el cambio hacia “energías limpias”, el 62% de estos recursos se destinarán a combustibles fósiles.
El nuevo PAC es una iniciativa que prevé una inversión total de 1,7 billones de reales brasileños (cerca de US$ 338 mil millones) en todos los estados de Brasil. El programa fue creado en 2007, durante el primer mandato de Lula, y ya tuvo tres versiones antes de esa. Entre sus labores se encuentra promover una sólida asociación entre el Gobierno Federal, sector privado, estados, municipios y movimientos sociales, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, crear empleos, reducir desigualdades sociales y regionales, e impulsar la transición hacia una economía más sostenible, incluyendo medidas en áreas como educación, salud, infraestructura y energía.
El plan está organizado en medidas institucionales y en nueve ejes de inversión. De acuerdo con el gobierno brasileño, el eje “transición y seguridad energética” pretende garantizar la diversidad de la matriz energética, la soberanía brasileña, la seguridad y eficiencia energética en vista del crecimiento acelerado, con la generación de empleo, renta e inclusión social”.
La asignación de recursos en el nuevo PAC es, actualmente, un tema central de discusión y monitoreo por especialistas, organizaciones ambientales y la sociedad en general en el país. La división de recursos, privilegiando el petróleo y el gas, despierta debates sobre la real orientación del programa en relación a la sostenibilidad energética y ambiental.
Por medio de nota enviada como respuesta a Climate Tracker, el Ministerio de Minas y Energía (MME) sostuvo que “las inversiones en transición energética no eliminan las inversiones en petróleo y gas, ya que, según estimaciones del mercado, el país aún va a depender de combustibles fósiles por lo menos en los próximos 10 años. Cabe resaltar que la transición energética es un proceso de profunda transformación de la infraestructura y del uso de energía en los diversos sectores y actividades”.
La respuesta ministerial también dice que el proceso trae desafíos, “como conciliar la seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad”, y que el MME “está elaborando uno de los instrumentos que ayudará en la gestión de la transición energética del país, que es la Política Nacional de Transición Energética (PNTE). Dentro de la política, los principales pilares son el Foro Nacional de Transición Energética, que será el espacio de diálogo y gestión de conflictos, y el Plan de Transición Energética, que contemplará las acciones efectivas para la transformación sectorial con el objetivo de reducción de las emisiones”
El programa destinará 335 mil millones de reales (cerca de US$ 66,8 mil millones) para el sector de petróleo y gas natural en los próximos años. El programa abarca 54 empresas, con énfasis en el desarrollo de la producción y la construcción de gasoductos y oleoductos. También incluye inversiones en exploración marítima, refinación, descarbonización y estudios en diversas áreas relacionadas con la industria.
El objetivo, según el MME, es reducir la dependencia externa de combustibles fósiles, promover la producción de petróleo y gas de baja emisión de carbono, además de reforzar la seguridad energética del país.
“Dentro de los estudios de Petrobras en la Margen Ecuatorial, está prevista la perforación de tres pozos. Integra el programa, además, el gasoducto del proyecto Sergipe Aguas Profundas I y II; implantación de biorrefino en la refinería de Mataripe (BA); proyecto integrado Ruta 3, en la Cuenca de Santos; conclusión de la Refinería Abreu y Lima y construcción de nuevas unidades en la Refinería de Paulínia. Además (…) está prevista una unidad de Captura y Almacenamiento de Carbono en depósito subterráneo”.
Las contradicciones de Brasil
En el análisis de Nicole Oliveira, directora del Instituto Internacional Arayara, con un escenario global de caos climático que busca la reducción de las emisiones de carbono, el nuevo PAC presenta una grave incongruencia.
“A pesar de designar una cantidad para el eje de Transición y Seguridad Energética, es alarmante percibir que el 62% de esos recursos son dirigidos al sector de petróleo y gas, combustibles fósiles que son reconocidos como los responsables por el agravamiento del efecto invernadero. La justificación de reducir la dependencia de las importaciones y producir petróleo de “bajo carbono” no mitiga los impactos ambientales”. Ella enfatiza que el PAC podría ser una oportunidad para que el país lidere la innovación y transición energética justa, priorizando fuentes realmente renovables.
Oliveira también comenta los aspectos positivos del PAC, entre los cuales destaca la inversión en la generación de energías renovables, con expectativa de que el 80% de la generación adicional de energía eléctrica provenga de fuentes renovables. La inversión en energía solar y eólica indica una clara señalización para la diversificación de la matriz energética y el aprovechamiento de fuentes limpias.
Sobre los impactos negativos, la investigadora apunta, además, a la exploración petrolera en la cuenca del Amazonas, lo que podría derivar en afectaciones a la biodiversidad y en posibles desastres ambientales.
Walberto Oliveira Filho, socio del despacho Ernesto Borges Advogados, que actúa en el mercado energético brasileño, enfatiza que la Agencia Internacional de Energía emitió un informe en el cual señala que la demanda de combustibles fósiles necesita caer un 25% para 2030 para mantener el límite de calentamiento global en 1,5°C, y opina que “no estamos en ese camino”.
“Los esfuerzos para eliminar y reducir gradualmente los combustibles fósiles han enfrentado gran resistencia, pero el rápido progreso y el aumento de la demanda de energía limpia apuntan a que este cambio es posible. Alcanzar emisiones netas cero para 2050 es una cuestión de si todas las piezas se unirán o no. Y, en ese sentido, entendemos que Brasil necesita cambiar sus objetivos si quiere contribuir con la contención del calentamiento global”, puntualiza.
Rafael Souza, investigador del Centro de Estudios y Regulación en Infraestructura, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV CERI), considera que Brasil está buscando el retorno generado por las inversiones en combustibles fósiles y aún está dando un peso importante a esa matriz.
Según Souza, la defensa gubernamental es que los beneficios obtenidos de esa actividad podrían ser redireccionados para apoyar la transición hacia una matriz energética más limpia. Él considera que, aunque es una salida, hay dificultad en conciliar los dos objetivos. “Existen preocupaciones justificadas de generación de empleo, de generación de renta, de generación de riqueza que pueda impactar a las poblaciones que se van a beneficiar, por ejemplo, del pago de royalties, […] con la necesidad de hacer una transición energética en un futuro más sostenible”, enfatiza.
Sin embargo, para Souza no es muy claro “si los recursos que van a ser generados en la producción de combustibles fósiles van a ser, de hecho, utilizados para potenciar una transición energética. […] Entonces sería importante que esos caminos, esos planes, fueran presentados con más claridad para la sociedad”, reflexiona.
El investigador del FGV CERI asegura que la sociedad brasileña necesita tener una mayor claridad respecto a cuál es todo el esfuerzo que hay que hacer para que Brasil logre las metas y consiga descarbonizar algunos de los principales sectores contaminantes. “¿De dónde vendrán esos recursos, cómo vamos a lograrlo? Por ejemplo, hay cuestiones importantes que podrían abordarse con mayor claridad. Por ejemplo, cómo se va a hacer la descarbonización de la movilidad urbana, del transporte público. Creo que existen potenciales de descarbonización por medio de la utilización de la electrificación, de la movilidad urbana y por el uso, eventualmente, de biocombustibles”, afirma.
Avance en la descarbonización
Filho recuerda que, hasta 2027, la participación de las fuentes de energía eólica y solar fotovoltaica en la generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) deberán alcanzar cerca de 37% de participación en la generación de energía del país, según estimación del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS). “Ese avance ha contribuido en la seguridad del sistema, así como para la descarbonización de la matriz eléctrica, considerando que actualmente. Brasil tiene un enorme potencial para realizar su transición energética hacia un modelo de bajas emisiones, basta trazar claramente el objetivo que se busca alcanzar”, destaca.
La directora del Instituto Internacional Arayara concluye que la transición energética es una responsabilidad colectiva y compartida entre gobierno, empresas, sociedad civil e individuos. “La sociedad civil tiene el poder de presionar a gobiernos y empresas por políticas más verdes, monitoreando y garantizando transparencia y responsabilidad”, finaliza.
Fósiles financiando la transición
Luiz Mandarino, consultor en innovación para el sector de la energía, cree que la inversión del PAC en petróleo y gas puede ayudar a hacer una transición hacia una economía renovable y baja en carbono.
Mandarino resalta que “Brasil se ha destacado en producir un barril de petróleo con baja huella de CO2, comparado con el resto del mundo, debido a las altas inversiones en innovación que el área de O&G posee”, puntualiza.
Él también observa que las fuentes energéticas han pasado por un proceso de adición y no sustitución a lo largo de la historia, coexistiendo actualmente fuentes fósiles como el carbón, y renovables como la solar y eólica. “Esto se debe a dos factores principales: la seguridad energética y la resiliencia del sistema eléctrico. La seguridad energética está ligada a qué tipo de recursos poseen los países y si el costo es competitivo. Y la resiliencia del sistema eléctrico. La seguridad energética está ligada a qué tipo de recursos poseen los países y si el costo es competitivo. Y la resiliencia del sistema eléctrico, que tiene que ver con la capacidad de mantener la oferta y demanda de energía lo más estable posible, evitando intermitencias que pueden derribar el sistema y causar apagones”, detalla.
Mandarino sostiene que “es importante entender que el proceso de transición energética debe ser pensado y desarrollado dentro de la realidad de la matriz de cada país”, subraya.
También cree que el movimiento en Brasil tiene que tener en cuenta el de otras naciones. “¿Cuál será el papel de los países industrializados en este proceso de transición energética mundial, ya que durante siglos han utilizado fuentes fósiles, lanzando CO2 a la atmósfera? ¿Actuarán para reparar los daños con la emisión, o limitar la emisión de los países en desarrollo?” se pregunta.
