Desde hace más de 30 años los pescadores, las mujeres, los ancianos y los niños de la costa norte de Perú (Piura y Tumbes), vieron cómo se levantaban en el mar, al igual que estacas de hierro, grandes plataformas petroleras. Criaturas de hierro en cuyas crestas titilaba por las noches una luz roja.
Al principio les maravillaba ver cómo aparecían cortando el horizonte y el mar, encontrándose en la bruma con los botes de los pescadores artesanales. Crecían desde el lote Z-2B de Talara, la capital petrolera del Perú, hasta el lote Z-64 de Tumbes y Zorritos, aquel pueblo amarillo donde se perforó el primer pozo petrolero de Sudamérica. Desde la vieja caleta pesquera de Cabo Blanco hasta el mítico pueblo de Cancas. Todo lo alcanzaron. Eran como hongos metálicos donde reposaban tranquilos los lobos marinos, y los buzos contaban coloridas visiones sobre sus pilares repletos de arrecifes y peces.
Las plataformas en el principio eran una almenara del futuro, la promesa del progreso para los pueblos de la árida costa peruana. Era una visión arraigada, en los himnos de los pueblos desde hace décadas que se cantaba sobre los primeros pozos petroleros de Sudamérica, y los niños sabían de memoria los nombres de las petroleras inglesas y estadounidenses, pero se obviaba gran parte de la oprobiosa historia del petróleo en el norte peruano.
En los últimos 15 años la visión sobre la industria de los combustibles fósiles ha cambiado, y los impactos ambientales son innegables. Los ejemplos más claros son las 4.073 infracciones del sector de hidrocarburos registradas en el 2022, que representan el 30.5% del total de infracciones a nivel nacional. Los tres mil pasivos ambientales que registra la Región de Piura (95% del total nacional) y los 65 derrames ocurridos en lote Z-2B de Talara desde 1997 hasta el 2021, operado en la modalidad offshore (en el mar) por Savia Perú.
Los registros obtenidos por el informe “La sombra de los hidrocarburos en Perú”, al cruzar datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), también revelan que entre esos años se han derramado en esta zona más de 10 mil millones de pies cúbicos de gas.
Lo peligroso es que el lote Z-2B alcanza y amenaza la mayor área de biodiversidad marina en Perú: el Mar Pacífico Tropical Peruano. Allí se encuentra cerca del 70% de la vida marina de todo el litoral peruano, según el informe “Evaluación de la biodiversidad submarina del norte de Piura”, realizado por Yuri Hooker, coordinador del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad Cayetano Heredia.
Aunque la mayoría de emergencias ambientales ocasionadas por Savia Perú de las que se tiene registro oficial (111 ocurridas entre el 2011 y el 2019) han sido multadas o están siendo investigadas por OEFA, para Antonio Zambrano, ex coordinador nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático– MOCICC y politólogo con maestrías en desarrollo territorial (Brasil) y derechos humanos (Alemania), las ganancias obtenidas por la explotación de hidrocarburos no alcanzarían para remediar todos los daños causados por los derrames de crudo (véase el caso del lote 192 en Loreto cuya mayor ganancia, 280.5 millones de soles en el 2012, no alcanzaría para para remediar los 19 sitios impactados en su área de intervención).
No hay proporción entre el daño ambiental y el monto económico que debe pagar la empresa por la infracción medioambiental. Los pobladores y pobladoras de las comunidades pesqueras afectadas coinciden con esta opinión, y señalan que su producción pesquera ha disminuido notablemente.
“OEFA siempre viene, siempre revisan, pero nosotros no vemos ninguna sanción, la situación no cambia. Hasta estamos cansados de denunciar”, expresa Clemencio Sánchez mientras se acomoda en una banca de la plaza de Cabo Blanco. Se puede decir, por la amargura que se esconde en las palabras del anciano, que está exhausto de brindar entrevistas, repitiendo las cifras, añadiendo nuevos derrames, mostrando videos… y que la situación no cambie. Esta sensación de justicia ausente nutre un posible conflicto socioambiental.
Un país sin autonomía energética
Un factor que agudiza más la problemática es la dependencia del país a los hidrocarburos. De acuerdo al último informe de la empresa privado-estatal PeruPetro, el petróleo, el gas y el carbón representan el 85% del consumo energético nacional.
Según datos contrastados por el informe “La Sombra del Petróleo”, que revela que Perú es un país sin autonomía energética, la producción que el país ha tenido desde 1993 (763 millones de barriles) no cubre ni el 48% de la demanda interna (1577 millones de barriles). Es decir que no es capaz de sostener su propia matriz energética, depende del petróleo comprado principalmente a Brasil, Nigeria y Ecuador, lo que genera un déficit de 17 mil millones de soles en importación.
Además, consume el petróleo de las empresas extranjeras que operan en su territorio porque su empresa nacional de hidrocarburos, Petroperú, fue desmembrada y privatizada en 1993 por el dictador Alberto Fujimori, lo que dejó en manos de empresas extranjeras toda su matriz energética.
Contrario a lo que podría pensarse, los gremios de hidrocarburos especulan que una manera de solucionar la dependencia es incentivando las inversiones extranjeras, aunque esto podría implicar reducir los estándares de seguridad ambiental. Podemos identificar que no está en sus planes ni en su discurso apelar a la transición energética, es decir, el proceso – clave para enfrentar la crisis climática – que busca pasar de una matriz energética basada en combustibles fósiles a un sistema con energías renovables.
De acuerdo al análisis de Climate Action Tracker, la acción climática de Perú es deficiente, aunque para el ex director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Gustavo Navarro, el Estado debe ser más flexible en los procesos de concesión. De acuerdo a sus propias declaraciones es “inaudito que el área más importante de una empresa petrolera no sea el departamento de producción sino la que hace trámites. Está bien asegurarse que la inversión no contamine, pero para eso se debe hacer una exigente fiscalización después del inicio de la explotación”. Añade que “nadie invertirá en Perú en los próximos 30 años cuando el petróleo no tenga el mismo valor por la transición energética”.
Ambas frases pueden resumir la historia del lote Z-2B y la de sus diversos concesionarios. Pero hagamos un recuento. La primera empresa privada en explotar el lote fue PetroTech en 1993. Su dueño, el magnate norteamericano William Kallop, terminó investigado en el 2009 por el Poder Judicial de Perú por el delito de corrupción de funcionarios, perjuicio de la infraestructura petrolera y defraudación al Estado peruano por la suma de US$ 482.2 millones de dólares. Esto último debido a que vendió Petrotech a las empresas Ecopetrol (Colombia) y Korea National Oil Corporation (Corea del Sur), por 900 millones de dólares, y no pagó ni un sol en impuestos. Para sorpresa de nadie, se marchó del país. Los nuevos dueños nombraron Savia Perú a su alianza.
En ese entonces el gerente de Savia Perú, Bum Suk Poo, declaraba en el informe de la empresa que “el Perú no pedía tantos requisitos como Canadá”. El paso de estos gigantes fue infructuoso, envueltas en diversos problemas sociales, ambientales y económicos vendieron en el 2021 las acciones de Savia Perú a De Jon Capital, aún con concepto de pérdida; negocio que en el 2022 le costó a Ecopetrol una investigación de la Contraloría de Colombia.
Actualmente Savia Perú es el segundo productor de hidrocarburos del Perú, ha perforado más de 4500 pozos, opera 85 plataformas petroleras y reúne las 111 infracciones ya mencionadas, según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados de OEFA.
Es incompatible el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 C° y, a la par, seguir apostando por la exploración de nuevos pozos petroleros
Aunque no se tiene reporte exacto de los derrames ocurridos en el periodo 2020- 2022— debido a la poca logística de las entidades fiscalizadoras o al cruce de datos—, esta investigación y el informe periodístico Marea Negra, que se basó en las denuncias de los pescadores y en las actas del OEFA, logró un subregistro de aproximadamente 5 derrames de crudo. En este informe se intentó saber la versión de la empresa, pero no respondió al correo que se le envió a su buzón oficial.
En el 2022 los pescadores de El Alto y Cabo Blanco han organizado 4 marchas para oponerse a la extensión por 30 años más de la concesión de Savia Perú, que de acuerdo al contrato debe vencer el 2023. Si la ampliación se confirma, sería un paso atrás en los compromisos de Perú para renovar su matriz energética.
Para Zambrano, esta postura revela que en el Perú “existen dogmas de fe donde toda inversión privada es buena y salvadora, en especial la de los sectores de energía y minas, por eso no hay propuestas de transición energética”.
Una de las opciones que plantea el politólogo es que se decida democráticamente si se debe o no continuar con el petróleo porque es “inadmisible que se sigan incentivando leyes para explotar petróleo en los próximos 60 años sin pensar en las comunidades y el medioambiente”.
Lo que expresa Zambrano es coherente porque es incompatible el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 C° y, a la par, seguir apostando por la exploración de nuevos pozos petroleros. Podría traducirse que la transición energética en Perú depende más de una decisión política.
“Pesca sí, petróleo no”: la indiferencia y la agonía del mar
Cuando los hombres y mujeres de los pueblos pesqueros marchan contra la explotación petrolera se dan fuerzas con un lema: “¡Pesca sí, petróleo no!”. Ese es el grito que define su lucha, para ellos la pesca artesanal no sólo es una actividad económica, es también una práctica ancestral.
De acuerdo al estudio Conservación Marina y Pesquerías realizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), publicado en el 2019, el 80% de la pesca para consumo directo proviene de la pesca artesanal, y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Perú es uno de los mayores países pesqueros a nivel mundial. Partiendo de este punto, los pescadores consideran innegociable su postura anti petrolera.
Un análisis del medio ambiental Mongabay Latam, con datos obtenidos de Osinergmin, señala que en el Perú se han derramado aproximadamente 9743 barriles de petróleo en la última década, y el 88% se ha vertido en la costa norte.
Esto ha incrementado las protestas en los pueblos afectados, pero lo cierto es que, en los últimos 29 años, según Junior Velazco, ingeniero de minas y especialista social en la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, a ninguna de las empresas petroleras se les ha retirado la concesión debido a conflictos sociales. No se puede hacer eso con la legislación actual, eso nunca ha pasado y, en realidad, es muy difícil que llegue a pasar.
Para Eligio Pingo, pescador de Cabo Blanco, es injusto el silencio y la indiferencia que se cierne sobre ellos. “Solo queremos que se vayan, que no nos dañen más el mar… ¿cuál ha sido el beneficio que hemos obtenido tras años de explotación petrolera?”, se pregunta, mientras desde la proa del Nautilus, su pequeña chalana, observa el ancho mar de Cabo Blanco.
Luego, Eligio no dice ninguna palabra, solo sigue el vaivén de las corrientes y entrecierra los ojos para identificar a cada velero que va surgiendo detrás del horizonte. Es un día caluroso y agitado, es la primera vez en el día que no está yendo de allá para acá, solo aguarda la llegada de sus compañeros. Luego los llevará al muelle y allí, en una pequeña reunión, pedirá que ellos me cuenten sobre el olor y el color de las manchas de petróleo.
“En Cabo Blanco no hay tuberías de gas a domicilio, no tenemos agua potable, nadie nos indemniza cuando ocurren los derrames. En Talara ni siquiera tienen servicios básicos. Ahora mira el riesgo al que se somete a la pesquería artesanal. Cuando vuelvan los compañeros y veas lo que han pescado, te darás cuenta que todo ha cambiado. Con suerte tal vez deben traer 7 kilos”, sostiene.
Eligio relata que él fue quien denunció el derrame que ocurrió en la plataforma PN-10 el 17 de marzo del 2020, donde la cantidad de crudo derramado no fue determinada. Incluso llevó al fiscal a la plataforma. “Ahí estaba el fiscal, hasta se ensució, pero la empresa minimizó todo. Estamos cansados, ojalá un día el estado haga algo”, expresa, volviendo a sumirse en el silencio.
Eligio es una especie de caudillo ambiental que va librando cruzadas imposibles contra poderes y capitales enormes. Él desciende de los sechura, aquellos pescadores precolombinos que fueron los primeros en declarar su independencia de España, para quienes la mar es una madre que cuida, da vida y alimento. Tal vez por ello su rebeldía.
Cuando los pescadores que espera Eligio por fin acercan sus botes al Nautilus, puedo ver que su pesca es escasa. La guardan en pequeños baldes, se les nota pensativos. El regreso al muelle se hace en silencio.
“En Cabo Blanco no hay tuberías de gas a domicilio, no tenemos agua potable, nadie nos indemniza cuando ocurren los derrames”.
La última emergencia medioambiental que han denunciado se dio en abril del 2022 cuando se derrumbó la plataforma petrolera VV, cuya desmantelación debió ejecutarse hace 12 años. Este suceso ha fortalecido la decisión de los pescadores de no tolerar ningún derrame más, y apelar al gobierno para el cese paulatino de las actividades petroleras en Cabo Blanco y el giro hacia la energía limpia.
Para Medardo Fiestas, teniente alcalde de Cabo Blanco, es necesario abandonar la explotación petrolera en el litoral peruano, además de obtener una indemnización por haber sido afectados durante años. Eligio y los demás pescadores, apoyan esta propuesta, aunque saben que es bastante improbable.
Transición energética: ¿es una opción posible a corto plazo?
Durante la gran protesta que los pescadores y mujeres de Cancas (Tumbes) llevaron a cabo en enero del 2020 para oponerse a la primera exploración de petróleo en aguas profundas que iba a realizarse en Perú, todos y todas habían resuelto resistir hasta que se marcharan las empresas petroleras.
Cuando vieron que la policía tomó su pueblo, y el barco perforador Stena Forth llegó a sus costas, se hicieron dos preguntas simples: ¿por qué sucedía eso si ellos tan solo querían defender su mar? ¿por qué de pronto eran los enemigos del progreso si nunca habían sido tocados por él?
Esas interrogantes también se la hacen los pescadores de Cabo Blanco en Talara (Piura). Sin acceso al agua potable por cañería, con electrificación lograda hace apenas 15 años, con dos pasivos ambientales de alto riesgo en su territorio (de acuerdo a datos de OEFA) y sin redes de desagüe es difícil que en estas caletas pesqueras no se cuestionen los beneficios de ser tierras de petróleo.
Tal vez las respuestas se encuentren en la decisión política, la matriz energética y el modelo económico que rige el país. El petróleo, extrañamente, es una de las vacas sagradas de los políticos y empresarios peruanos, si te metes con él, te metes con el progreso. Lo que no deja de ser absurdo, porque de acuerdo con Klauss Bosselman, profesor de derecho ambiental y director del Centro de Derecho Ambiental de Nueva Zelanda, todos tenemos una idea intuitiva de justicia y sostenibilidad.
“La sostenibilidad es al mismo tiempo simple y compleja. Semejante a la idea de justicia. La mayoría de nosotros sabemos intuitivamente cuando alguna cosa no es ‘justa’. De la misma manera, la mayoría de nosotros tiene plena consciencia de las cosas insostenibles: basura, combustibles fósiles, automóviles contaminantes, alimentos no saludables y así en frente. Podemos presumir también que muchas personas tienen una noción clara de justicia y sostenibilidad. Por ejemplo, sienten que un mundo justo y sostenible es bastante necesario, no importa que tan distante de un ideal puede estar”, sostiene.
¿Entonces qué sucede con la visión de los políticos en Perú? ¿Por qué no se aprovecha el gran potencial en energías renovables del país? De acuerdo a Jaime Mendoza, presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el país puede desarrollar 70.000 megavatios (MW) de fuentes hidroeléctricas, 77.000 MW en eólica y unos 3.000MW en geotérmica.
En el caso de la Región de Piura, que es una de las más importantes y potenciales zonas para generar energía solar y eólica, su brecha energética asciende al 14% de acuerdo al Censo Nacional del 2017.
Los dos proyectos que planean cerrar esta fisura se desarrollarán en el marco de la energía convencional, es decir no existe o no está contemplada la transición. Esto es increíble porque Piura tiene la capacidad, de acuerdo a los datos de la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura, para cubrir el 66% de la demanda energética nacional usando fuentes de energía alternativa. Siguiendo esta línea se podría pensar en un abandono de los combustibles fósiles en la región con más pasivos ambientales causados por hidrocarburos.
Aunque Perú ha generado políticas públicas comprometidas con el medio ambiente, como la ley de Ley de Cambio Climático (2020) o el Nuevo Reglamento de Generación Eléctrica a partir de Energías Renovables (2011), la ejecución de estas ha sido lenta o insuficiente y algunos sectores, como señalamos arriba, aún siguen pensando en la extensión de concesiones petroleras para los próximos 30 años.
La transición energética en Perú no solo constituiría una salvaguarda al medioambiente, también le beneficiaría económicamente porque, según la Agencia Internacional de Energía Renovable (INRENA), los países que apuesten por la transición se ahorrarían hasta US $4,2 billones al año para el año 2030.
Una transformación energética total y popular, según el politólogo y ex coordinador de MOCCIC, Carlos Zambrano, podría acortar las brechas de pobreza que acosan al país y a la región piurana, porque la energía se vería como un derecho y no como un servicio. Ya no se prescindiría de pueblos lejanos con poco consumo energético porque el Estado podría subsidiar aquella inversión.
Aunque tal vez uno de las principales dificultades que tiene el Perú para renovar su estructura energética es no tener industria nacional para apostar por otras fuentes de energía que disten de las tradicionales y, por ende, está a merced de los inversores y las decisiones políticas que contradicen los tratados y compromisos internacionales.
Toda la matriz energética del país se privatizó en 1993 cuando el dictador Alberto Fujimori creó una nueva Constitución donde se abrazó abiertamente el modelo neoliberal, y esto trastocó la idea soberana de nación de Perú. Este giro político logró que las transnacionales tengan ventajas para obtener concesiones y, por ende, poca fiscalización en sus actividades.
Para el ingeniero Junior Velazco es sumamente importante que Perú primero obtenga su independencia energética para que pueda pensar en la transición.
“Si el primer objetivo del Estado es incentivar la inversión privada, ya hay un sesgo en el que prima el capital. Esto tiene múltiples consecuencias: conflictos sociales, atentados contra el medioambiente y poca regulación a las empresas. Como es el caso de las hidroeléctricas. Si el país apostara por crear una empresa estatal de energías renovables, tal vez obtendríamos un resultado diferente”, infiere Velazco, que en su larga experiencia como especialista social en la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas ha debido mediar en el conflicto minero de Las Bambas, uno de los más emblemáticos del país.
Aunque la propuesta de Velazco es interesante, tendría dificultades para concretarse con la Constitución actual porque el Estado solo puede mantener un rol regulador. De esta manera, la apuesta a gran escala por la transición energética se diluye entre una carta fundamental que ya no cumple con los estándares ambientales con miras al 2050 y en una postura meramente extractivista y privatizadora.
Aunque Perú, mediante el Plan Energético Nacional 2014-2025, se ha comprometido a transformar el 60% de su matriz energética para el 2025, la meta aún parece estar muy lejos.
