El agua aquí no es del todo agua: es una mezcla espesa de sal, lodo y raíces que parecen respirar. Entre ellas se alzan los gigantes del bosque —mangles de alturas improbables, las mayores de América— que sostienen la vida: peces, crustáceos, aves y también comunidades que aprendieron a leer este paisaje como un mapa antiguo y hoy lo defienden de la destrucción. En la bocana de Santa Bárbara de Iscuandé, en el Pacífico colombiano, la conservación no llegó como decreto sino como costumbre: en manos que siembran, en quienes limpian lo que trae el mar, en la vida que vuelve. Persiste una certeza: si el manglar cae, todo cae con él.
Carmelo Castillo aprendió a leer las mareas desde niño, a reconocer los canales entre el manglar y a entender que de ese bosque depende buena parte de la vida en la bocana. “Uno aquí aprende primero a mirar el agua que a mirar el reloj”, dice mientras señala el paisaje. “La marea es la que le enseña a vivir a uno”, añade.
Durante años fue uno de los líderes del Consejo Comunitario Afrodescendiente Esfuerzo Pescador, integrado por diez comunidades y más de dos mil personas que habitan y gestionan un territorio de más de 14.000 hectáreas donde confluyen ríos, esteros y mar. Desde allí ayudó a impulsar procesos de conservación, exigir la titulación colectiva de tierras ancestrales y convertir la defensa ambiental en una forma de autonomía.
Uno de los manglares más grandes de América
En la bocana de Iscuandé el manglar no es un fondo del paisaje: es el paisaje mismo. En esta franja del departamento de Nariño, cercana a los Parques Nacionales Naturales Gorgona y Sanquianga, se extiende como una muralla verde, densa y húmeda, donde la tierra se deshace en agua, los ríos terminan de hablar con el mar y árboles gigantes se elevan por encima del horizonte mientras sus raíces sostienen el barro desde abajo. Pero por momentos esa continuidad se rompe: aparecen claros abiertos por la tala para extraer madera, cicatrices visibles entre tanto verde.
En 2018, una expedición liderada por el World Wildlife Fund (WWF), confirmó lo que estudios satelitales previos de investigadores de la NASA ya sugerían: los manglares de Santa Bárbara de Iscuandé compuestos mangle nato (Mora oleifera) y la chigua (Zamia roezlii), están entre los más altos y mejor conservados del continente americano. Los científicos registraron árboles de hasta 55 metros de altura, dimensiones poco comunes para este ecosistema.
El desarrollo excepcional del ecosistema se atribuyó a la abundancia de agua dulce, las intensas lluvias y una menor intervención humana, según los investigadores. A estos factores se suma el cuidado sostenido durante décadas por las comunidades afrodescendientes, organizadas en el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador.
Los manglares son ecosistemas adaptados a la mezcla de agua dulce y salada en estuarios y desembocaduras. Estos figuran entre los sumideros de carbono más eficientes del planeta y pueden almacenar, por hectárea, más carbono que numerosos bosques terrestres. Investigaciones de la Universidad de Antioquia indican que en Colombia se almacenan en promedio 527 toneladas de carbono azul por hectárea. También amortiguan el impacto de tormentas y marejadas, fijan sedimentos, regulan la temperatura local y filtran contaminantes antes de que lleguen a arrecifes de coral y praderas marinas.
Según Parques Nacionales Naturales, los manglares del Pacífico colombiano constituyen una de las reservas más importantes de carbono azul del país, debido a su alta capacidad de captura y almacenamiento de carbono en biomasa y sedimentos. Su conservación contribuye de manera directa a las estrategias nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, al tiempo que reduce la vulnerabilidad de las zonas costeras frente al aumento del nivel del mar y la ocurrencia de eventos extremos. “Estudios sobre bosques y almacenamiento de carbono evidencian que el Parque Nacional Natural Sanquianga conserva el 98% de sus manglares en buen estado y cuenta con una capacidad estimada de almacenamiento de 3,1 megatoneladas de carbono”, asegura la entidad.
Juan Camilo Restrepo, profesor e investigador en temas costeros de la Universidad del Norte, explica que su importancia radica en dos funciones clave: “Son un elemento central en la disminución de la cantidad de carbono y, por sus características físicas, pueden ayudar a mitigar efectos del cambio climático como el ascenso del nivel del mar, las marejadas ciclónicas o eventos extremos”. Sin embargo, advierte que esa capacidad depende de su estado: “Para que funcionen como sumideros de carbono, los manglares deben conservar su estructura, su funcionalidad y su persistencia en el tiempo”.
Entre sus raíces, además, encuentran refugio y zonas de reproducción numerosas especies de valor ecológico y económico. Su importancia, por eso, trasciende la costa pacífica: fortalecen la biodiversidad y aumentan la capacidad de adaptación frente al cambio climático tanto en tierra como en el mar.
Parques Nacionales Naturales explica que estos manglares hacen parte de un mosaico ecológico regional que conecta estuarios, ecosistemas marinos e insulares, y cumple un papel clave en la dinámica ambiental del Pacífico nariñense. Aunque no se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Sanquianga, contribuyen a la estabilidad ecológica de la subregión Sanquianga–Gorgona al facilitar el flujo de nutrientes, el tránsito de especies y los procesos de reproducción y alimentación de fauna marina.
Muchas especies dependen de esta conectividad entre ríos, esteros y mar para completar sus ciclos de vida. Por ejemplo, los camarones de aguas someras desovan en zonas estuarinas y luego se alimentan en las capas superficiales del mar. De manera similar, especies como la “carduma”, fundamentales para la producción comercial de harina de pescado, presentan procesos de eclosión en áreas de mayor salinidad, mientras que sus estadios juveniles se desarrollan en estuarios y los adultos permanecen en mar abierto.
Sergio Aragón, pescador del territorio, lo expresa desde la experiencia de toda una vida en el agua. Ha crecido viendo estos árboles enormes como parte natural de su entorno y de su trabajo diario. “Todo esto es el sustento de nosotros”, afirma, al explicar cómo del manglar dependen especies como el camarón y el pescado que alimentan a las familias de la zona.
Proteger el clima es proteger y adjudicar el territorio
Carmelo avanza en la lancha por uno de los esteros anchos donde el agua parece tragarse el horizonte. A ambos lados, los mangles levantan un muro de raíces oscuras y ramas entrelazadas. De pronto aparece un parche de cielo: un claro abierto a punta de motosierra donde antes la copa de los árboles cerraba el paso de la luz. El líder mira la herida del bosque y sigue. Durante años ha recorrido estos canales viendo cómo desaparecen árboles mientras el trámite para reconocer el territorio avanza con la lentitud de la marea.
Desde hace años, la comunidad cuida el manglar como suyo, aunque no lo fuera en los papeles. Ese bosque anfibio, que sostiene la pesca, protege la costa y respira al ritmo del agua, había quedado por fuera del título colectivo porque una parte correspondía a zonas de manglar y bajamar clasificadas como bienes de uso público. Por eso, la comunidad se resistió durante más de 20 años a aceptar la titulación incompleta: no querían un reconocimiento que dejara por fuera el corazón del territorio. Insistieron en esperar hasta que el manglar también pudiera ser adjudicado.
“Nos podían titular las comunidades de adentro, donde no había problema, pero las que estamos en zona de manglar no. Entonces la gente fue muy clara: o titulan todo o no titulan nada. Aquí nadie quiso que unas veredas quedaran por fuera mientras otras sí entraban. El territorio para nosotros no se parte por pedazos”, recuerda Carmelo.
Durante más de dos décadas enfrentaron negativas institucionales que insistían en que el manglar no podía adjudicarse. “Todo el mundo nos decía que eso era imposible, que la norma no lo permitía, que el manglar era bien público y que por eso no se podía adjudicar. Desde lo técnico nos cerraban la puerta siempre. Pero nosotros seguíamos insistiendo, porque una cosa es lo que dice un escritorio y otra lo que vive una comunidad entera en el territorio”, recuerda.
Hubo momentos en que la frustración parecía imponerse. Sin embargo, la comunidad mantuvo la misma posición durante años, la protección y adjudicación de todo el manglar. Y es que este territorio corre muchos peligros. Según Global Mangrove Watch, Colombia contaba en 2020 con 2.807 kilómetros cuadrados de manglar. Sin embargo, entre 1996 y 2020 el país registró una pérdida neta de más de 7.200 hectáreas.
Para Sergio, la tala ilegal no viene de adentro. “La gente de aquí no es la que está tumbando; vienen de otros municipios”, asegura. Cree que el Estado ha dejado sola a la comunidad frente a quienes entran por madera. Luego resume lo que está en juego con una frase sencilla: “Si se acaba el manglar, ¿con qué nos quedamos nosotros?”.
Por eso, la disputa nunca fue solo jurídica. Para la comunidad, reconocer el manglar dentro del territorio colectivo era también una forma de defenderlo. Tener derechos sobre la tierra y el agua significaba poder cuidarlas con respaldo legal, vigilar mejor sus usos y cerrar el paso a quienes entran a explotar el bosque sin permiso.
Para los expertos, esa relación es determinante. “Sin participación de la comunidad no hay ningún proyecto que sea sostenible en el tiempo”, afirma Juan Camilo Restrepo. “Ellos conocen el territorio, saben qué está pasando y son el primer sistema de alerta frente a las amenazas”. En ese sentido, la conservación no depende solo de normas, sino de quienes habitan y usan el manglar todos los días.
Esa experiencia local coincide con la visión de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad que considera que los procesos de conservación impulsados por comunidades afrodescendientes son fundamentales para la sostenibilidad de los ecosistemas del Pacífico, al fortalecer el arraigo territorial, el uso sostenible de los recursos y la gobernanza local.
En ese contexto, la entidad destaca que “el caso de Iscuandé evidencia que las comunidades locales históricamente han desarrollado prácticas de manejo y regulación del territorio basadas en conocimientos tradicionales y acuerdos comunitarios, demostrando que la conservación puede surgir desde dinámicas culturales y organizativas propias, incluso en contextos donde persisten desafíos en materia de reconocimiento y fortalecimiento territorial”.
Aun así, la comunidad no esperó sentada una decisión institucional. En zonas degradadas por la tala o por cambios en los cauces, impulsó procesos de restauración mediante la siembra de más de 1.100 semillas de mangle. Aunque no existe un seguimiento sistemático y continuo que permita medir con precisión el alcance o la permanencia de estos esfuerzos, allí donde antes quedaron claros abiertos en el bosque, hoy comienzan a levantarse nuevas y pequeñas raíces.
El trabajo se complementó con una red de quince monitores comunitarios de nueve veredas, quienes registraron datos sobre biodiversidad, pesca y estado del ecosistema, documentando cambios en especies, erosión, residuos y productividad.
Por ejemplo, gracias a este monitoreo, y con el apoyo de la Fundación Calidris, en la bocana del río Iscuandé se documentaron 363 registros de aves acuáticas correspondientes a 38 especies entre 2014 y 2022, evidenciando que los manglares y planos lodosos son sitios clave de alimentación, descanso y migración. En el informe Un lugar que conservamos de Esfuerzo de Pescador y la fundación, se determinó además que en la bocanada las aves se organizan en familias según sus características comunes: se registran 14 especies de playeritos (familia Scolopacidae); tres especies de chorlitos o chirritas (familia Charadriidae); y una especie de ostrero (familia Haematopodidae), un ave grande y robusta, con pico largo, grueso y de color naranja, adaptado para abrir ostras y conchas.
De forma complementaria, la información recopilada por los vigías del manglar evidenció en 2020 que el mangle rojo y el nato son las especies más afectadas por la extracción, y permitió identificar los esteros con mayor presión. El seguimiento también mostró una reducción en la tala: de 26 eventos mensuales al inicio del monitoreo a 13 en marzo de 2020, es decir, una disminución del 50%, lo que confirma la efectividad de las estrategias comunitarias de conservación.
Mientras tanto, la iniciativa enfrenta un importante desafío: el ritmo natural del manglar. Un mangle tarda años en crecer y décadas en consolidar un ecosistema maduro. Destruirlo puede tomar apenas unas horas. La tala, la contaminación o la presión constante afectan en poco tiempo lo que la naturaleza construyó lentamente.
Recuperarlo, sin embargo, no es tan simple como sembrar árboles. “Mucha gente cree que la restauración se limita a plantar mangle, pero no es así de sencillo”, explica Juan Camilo. “Primero hay que garantizar que el sistema tenga las condiciones adecuadas: circulación del agua, llegada de sedimentos y nutrientes. Si eso no ocurre, las plántulas no sobreviven”. Para el investigador, la restauración ecológica debe ir acompañada de una restauración geomorfológica que permita que el ecosistema vuelva a funcionar en el tiempo.
El 25 de marzo de 2025 llegó una noticia histórica, no solo para Esfuerzo de Pescador sino para todo el país. La Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-105 de 2025, garantizó el derecho a la propiedad colectiva del Consejo Comunitario Esfuerzo de Pescador sobre sus tierras ancestrales, incluidas las zonas de manglar y bajamar que, hasta antes de la sentencia, habían sido consideradas inadjudicables. “No solo fue que nos dieran el título. Lo más grande es que quedó un precedente para otras comunidades del país. Ya no pueden decir tan fácil que el manglar no se titula. Se abrió una puerta que antes estaba cerrada”, cuenta Carmelo.
Hasta entonces, el Estado sostenía que estos ecosistemas eran bienes de uso público y, por tanto, no podían titularse. La Corte cambió esa interpretación: concluyó que excluir el manglar desconocía la relación ancestral de la comunidad con su territorio y afectaba su subsistencia. Para algunos habitantes del territorio, la llegada del título colectivo es un punto de inflexión en la forma de relacionarse con el Estado y de proyectar el futuro del territorio.
Ana Virginia Campaz, enfermera de la comunidad, lo interpreta desde su experiencia cotidiana en la atención de la salud. Recuerda que, durante años, las emergencias médicas han obligado a improvisar traslados urgentes y costosos, donde la vida de un paciente depende de conseguir a tiempo una avioneta o un motor. En ese contexto, señala que el reconocimiento formal del territorio abriría la posibilidad de gestionar proyectos comunitarios y mejorar la infraestructura básica, como la construcción de un puesto de salud.
Pese al fallo histórico, la noticia aún no termina de asentarse en las comunidades. Muchos habitantes se preguntan qué implica realmente la decisión y cuáles son los pasos que siguen. Los cambios recientes en el liderazgo organizativo han afectado la continuidad de varios procesos y limitado la difusión de lo conseguido tras años de trabajo. Carmelo lo dice con una mezcla de orgullo y preocupación: “Nosotros peleamos más de veinte años por esto. Sería muy triste que ahora la gente no supiera qué se ganó. El título no puede quedarse guardado en una carpeta. Hay que explicarlo comunidad por comunidad, porque esto no es de unos pocos: esto es de todos”.
Pesca responsable
La vida en el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador gira en torno al agua. Al amanecer, los hombres salen a pescar sin certeza: hay días abundantes y otros en los que regresan con lo mínimo. Las mujeres, por su parte, se internan en el manglar a pianguar, es decir, a recolectar piangua, un molusco que habita en los manglares del Pacífico. Con botas de caucho y las manos en el barro, buscan la concha entre raíces y sedimentos, guiadas por un conocimiento preciso de las mareas y de los lugares donde la piangua aún resiste.
Laura Enrique lleva casi la mitad de su vida entrando al barro. Se pone las botas y comienza la faena: hunde las manos entre raíces y sedimentos hasta encontrar la piangua. “Ahí uno la va sacando”, dice con naturalidad. Ella es estricta con la talla mínima: solo se puede extraer a partir de cinco centímetros. Si no alcanza, vuelve al barro. “La pequeña se tiene que devolver”, resume. Para ella no es solo una regla, sino la forma de asegurar que el recurso siga existiendo.
En 2015, las comunidades decidieron ordenar esa relación con el recurso. A través de un acuerdo de conservación, se comprometieron a no capturar, no vender y no consumir piangua pequeña, además de participar en el monitoreo comunitario de la especie. La medida buscaba permitir que los ejemplares juveniles alcanzaran talla reproductiva antes de ser extraídos.
Los resultados comenzaron a notarse en pocos años. Según datos recopilados por Conservación Internacional, antes de la implementación de estas medidas se recolectaban menos de cien pianguas por faena, con tallas promedio cercanas a 4,5 centímetros. Para 2017, el promedio había aumentado a 130 pianguas por jornada y una talla media de 5,3 centímetros. Además, después de un monitoreo entre 2016 y 2017 lograron establecer patrones: el 79% de los individuos en esterones se encuentran en estado maduro. “Al parecer, los eventos reproductivos tienen mayor probabilidad de ocurrir río arriba, donde el 40% de las pianguas supera los 5 cm de tamaño”, aseguran en un informe publicado entre Esfuerzo de Pescador y la Fundación Calidris.
Sin embargo, esos acuerdos no siempre se respetan. Laura explica que personas provenientes de otros lugares ingresan al territorio para recolectar piangua o talar, sin respetar los acuerdos comunitarios establecidos para su manejo. Dice, cuando deja de salir a pianguar y regresa a las mismas zonas, encuentra que ya no hay la misma cantidad de antes: el recurso ha disminuido y el equilibrio del manglar se ha visto afectado.
Además, la pesca artesanal convive con tensiones internas. Carmelo menciona prácticas cuestionadas dentro de la misma comunidad, como el “boliche”, una técnica de encierro y captura masiva que arrasa con peces pequeños y altera los ciclos del recurso. Aunque se han intentado limitar mediante reglamentos internos del consejo comunitario, no siempre ha sido posible. Algunas prácticas han disminuido; otras persisten por necesidad económica o falta de control. Allí se hace evidente una tensión frecuente en los territorios costeros: la distancia entre lo sostenible a largo plazo y lo urgente en el día a día.
Aprender a mirar el cielo
La defensa del manglar también pasó por las escuelas. Durante varios años, la comunidad impulsó un festival de aves migratorias para acercar a niños y jóvenes a la riqueza natural del territorio. Con disfraces, obras de teatro, comparsas y representaciones, los menores llegaban a las veredas para conmemorar no solo la llegada de los animales a las playas de Nariño y al manglar, sino para hacer un llamado por el cuidado del medio ambiente.
Tarcilia Velasco, docente de la vereda Soledad desde hace 29 años, recuerda que el festival transformó la relación de los niños con su entorno. “Los muchachos han aprendido a cuidar”, dice. Según cuenta, actividades como las jornadas ambientales ayudaron a reducir la basura y también cambiaron prácticas cotidianas. Antes, cuando bajaba la marea y aparecían pequeños pájaros en la playa, algunos niños los perseguían con caucheras. “Hoy en día los muchachos no lo hacen”, afirma.
En una región donde los esteros sirven de descanso para especies que recorren miles de kilómetros, observar aves se convirtió en una forma de enseñar cuidado ambiental. Los estudiantes aprendían nombres, rutas y temporadas, pero también algo más cercano: que el manglar no solo sostiene peces y piangua, sino una red de vida mucho más amplia.
Heriberto Barahona, docente con más de 30 años de servicio en la zona, recuerda que los festivales lograron algo poco frecuente: poner a los niños a mirar de nuevo su propio territorio. “Ellos participaban, se vestían como aves, hacíamos títeres y obras”, cuenta. Cada año una vereda distinta recibía el encuentro. Para él, esas jornadas no solo enseñaban nombres de especies migratorias, sino orgullo por el lugar donde viven.
Cada comunidad preparaba presentaciones sobre la migración de las aves, la protección de los manglares y el aprovechamiento responsable de especies como la piangua. Con el tiempo, el festival creció hasta reunir visitantes de distintos lugares e incluso delegaciones internacionales interesadas en conocer los manglares del Pacífico nariñense. Para la comunidad, era una manera de mostrar que conservar también puede ser una fiesta.
De esas experiencias surgieron además grupos ecológicos de niños y niñas, intercambios entre escuelas y talleres ambientales que fortalecieron el vínculo entre educación y territorio. Porque en Esfuerzo de Pescador, aprender a mirar el cielo también era aprender a cuidar la tierra y el agua. Barahona lamenta que con los años parte de ese impulso se haya debilitado. “Eso se ha ido apagando y yo no quiero que se apague”, dice. Cree que recuperar esos espacios es clave para que las nuevas generaciones no se desconecten del manglar ni de la historia de sus comunidades.
Todo lo que aún puede perderse
En la bocana de Iscuandé, los avances comunitarios conviven con una sensación persistente de fragilidad. Nada de lo conseguido parece definitivo. Ni la organización interna, ni los proyectos ambientales, ni el cuidado del manglar, ni siquiera la permanencia de la gente en el territorio. Cada logro arrastra una amenaza.
A pesar de los avances, sostener el proceso sigue siendo un desafío. En la bocana de Iscuandé, la basura llega con las corrientes y se queda atrapada entre las raíces del manglar. Botellas, bolsas y plásticos se acumulan sin que exista infraestructura para recogerlos y sacarlos del territorio. Durante años hubo jornadas de limpieza, pero sin apoyo institucional constante, el problema se repite. Recoger es posible; disponer, no.
A esto se suma la salida progresiva de organizaciones que durante años acompañaron el proceso. Con ellas no solo se fueron los recursos, sino también la formación, el monitoreo y la articulación con el Estado. Varios proyectos quedaron detenidos o dependen hoy únicamente de la voluntad comunitaria, sin garantías de continuidad.
También hay cambios más silenciosos. Muchos jóvenes ya no quieren dedicarse a la pesca ni a los oficios del manglar, mientras actividades como la minería ilegal ofrecen ingresos más rápidos. Al mismo tiempo, persisten presiones externas sobre el bosque y tensiones internas en el uso de los recursos. La conservación, en ese contexto, compite con las urgencias del día a día.
Sergio lo ve todos los días. Dice que cada vez cuesta más conseguir tripulación porque muchos jóvenes prefieren irse a la minería ilegal o buscar suerte fuera del territorio. “Ahora a uno le toca más duro porque ya los muchachos se fueron de aquí. No consigue gente para trabajar”, explica. A su alrededor hay embarcaciones varadas en la arena por falta de manos para salir a faena.
Juanchillo enfrenta hoy una paradoja: nunca había tenido tanta claridad sobre el valor de su manglar y de su organización colectiva, pero tampoco había acumulado tantas amenazas al mismo tiempo para sostenerlos. El título colectivo existe, la memoria organizativa persiste y el conocimiento ambiental sigue vivo, aunque nada garantiza todavía su continuidad.
Carmelo Castillo lo sabe. Por eso sigue recorriendo los esteros, hablando con pescadores y recordando lo que costó llegar hasta aquí. Ya no lidera el consejo comunitario, pero camina el territorio como quien cuida algo que todavía no termina de asegurarse. Entre el agua y las raíces del manglar, insiste en que lo logrado no es definitivo: que conservar también es sostener, día tras día, una forma de vida que aún puede perderse.
